Agencia UNO

Luego que presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por la “Ley Antisaqueos y Antibarricadas”, parlamentarios del Frente Amplio acusaron que el Gobierno adelantó su promulgación de forma tal que se evitara dicha revisión.

Esto debido a que la norma fue despachada el 16 de enero y promulgada el 21 del mismo mes. El requerimiento de los parlamentarios fue presentado el mismo día 21, pero horas después que la norma ya hubiera sido promulgada.

Mientras que el requerimiento ingresó pasadas las 18:00 horas del 21 de enero, la promulgación de esta nueva ley ocurrió cerca de las 12:30 horas del mismo día.

“Queremos aclarar que el escrito ingresó dentro de los cinco días que otorga la Constitución para estos requerimientos, por lo que es absolutamente falso a nuestro juicio que éste fue presentado fuera de plazo”, aseguró la presidenta de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, ante las críticas que recibió el Frente Amplio.

Asimismo, señalaron que “es clarísimo como este Gobierno sabía el riesgo que corría esta ley represiva que limita el derecho a manifestarse si era revisada en su constitucionalidad por el TC y por eso realizó un trámite exprés para promulgarla sin ni siquiera anunciarlo públicamente“.

“Estamos estudiando todos los mecanismos institucionales y jurídicos para minimizar los efectos inconstitucionales que se derivan de esta norma represiva de la protesta social impulsada por el presidente Piñera“, agregaron.

El documento de requerimiento presentado ante el TC contaba con la firma de 40 diputados, entre ellos miembros del Partido Comunista y del Partido Socialista.

La “Ley Antisaqueos y Antibarricadas” modifica el Código Penal, castigando a quienes corten el tránsito “mediante violencia o intimidación en las personas” a penas de entre 61 a 541 días de presidio. Asimismo, se tipificó saqueo como el acto realizado “en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento”, cuyas sanciones podrían alcanzar los 5 años de cárcel.

Revisa el decreto promulgatorio de la norma:

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