El líder de la CAM está condenado por usurpación violenta, hurto de madera, ataque contra la autoridad y delitos que atentan contra la seguridad del Estado. El Gobierno, en coordinación con la Defensa Nacional en la zona, determinó despliegue “al máximo” de seguridad militar y policial por eventuales hechos de violencia que puedan ocurrir.
Para las 13:00 horas de este martes está programada la audiencia en la que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dará a conocer la sentencia para Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien está condenado por distintos hechos de violencia contra la seguridad del Estado.
El pasado 22 de abril, la justicia declaró culpable al comunero mapuche por dos delitos de usurpación violenta, uno de hurto simple y uno de atentado contra la autoridad a mano armada, además de incitación contra el orden público y contra la Ley de Seguridad del Estado.
La Fiscalía Regional de La Araucanía pide 25 años de cárcel.
El juicio contra Héctor Llaitul comenzó el pasado 12 de marzo. En esa oportunidad se presentaron los alegatos de apertura, en donde habló el fiscal regional Roberto Garrido, la defensa del comunero y el imputado, quien acusó nuevamente una persecución histórica por parte de ciertos fiscales de la Región de La Araucanía.
Garrido había comentado que el juicio era complejo por la cantidad de aspectos que implicaba. De hecho, había cerca de 70 testigos que fueron claves en el proceso judicial contra el líder de la CAM para acreditar los hechos que se le inculpan.
Durante el tiempo en que se desarrolló el juicio, Llaitul se mantuvo en el módulo de comuneros en el penal de Temuco.
Héctor Llaitul / ARCHIVO / JAVIER SALVO / AGENCIA UNO
Ad portas de la lectura de sentencia, el Gobierno, en coordinación con el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Ricardo Duarte, decretó “alerta roja” en puntos críticos de la Macrozona Sur ante posibles atentados o hechos de violencia que puedan ocurrir luego de la audiencia.
“En La Araucanía, durante muchos años, sabemos que cada vez que hay condenas, hay hechos de violencia asociados y, por lo tanto, eso implica un reforzamiento importante del despliegue, tanto de carabineros como militares”, explicó la delegada presidencial (s) Andrea Parra.
En concreto, la medida significa la distribución “al máximo” de fuerzas policiales y militares en el territorio, agregó.
Esta forma parte de una estrategia que estableció Duarte. “Es un incremento de fuerza, patrullaje y control. Eso implica que lógicamente vamos a tener afuera más gente”, indicó el general de brigada.
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