En un intenso intercambio sobre su polémica promesa de expulsar a miles de migrantes irregulares, el candidato de la derecha, José Antonio Kast, defendió su plan pero enfrentó preguntas directas sobre su implementación concreta.
Kast insistió en que, de ser electo, habría “distintas maneras” de lograr que las personas salgan, como recordarles que tienen “98 días” para irse o crear “corredores de retorno” con buses, aviones o barcos, en coordinación con otros países.
Sin embargo, no detalló cómo resolvería el escollo principal: la imposibilidad de expulsar administrativamente a ciudadanos venezolanos, que son la mayoría, por falta de acuerdos bilaterales y documentación.
Un presupuesto insuficiente y un método cuestionado
Frente a la evidencia de que el presupuesto para expulsiones administrativas del Estado es de solo 4 mil millones de pesos para 2026 (suficiente para unas 2.000 personas), Kast argumentó que su método no dependería de esos recursos.
“Yo sin gastar un peso ya he invitado a salir a varias cientos de personas”, afirmó, proponiendo que sean los empleadores quienes paguen los pasajes de retorno. Esta postura fue interpretada como un reconocimiento tácito de que la expulsión forzosa masiva es inviable.
Ante la pregunta de qué haría si nadie acepta su “invitación” a irse, el candidato fue categórico: “Cuando yo sea presidente el problema va a estar resuelto”, aunque no especificó de qué manera.
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