Karla Rubilar pide a Kast reconocer error por rebajas de condena: “Detrás de esta decisión hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena”

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Karla Rubilar pide a Kast reconocer error por rebajas de condena: “Detrás de esta decisión hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena” (AgenciaUno)

La exministra Karla Rubilar criticó al Gobierno por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, y aseguró que “esta fue una muy mala decisión. Fue un error gravísimo”.

Rubilar dijo que ha intentado transmitir su postura “con el mayor respeto posible” al Gobierno del presidente José Antonio Kast, “que es el gobierno por el cual yo voté”. A su juicio, cuando se comete un error, lo mejor es reconocerlo pronto, porque eso permite corregir el rumbo, dar explicaciones a la ciudadanía y pensar en las víctimas.

La exministra valoró que el Ejecutivo haya decidido dejar de entregar estas rebajas por la vía administrativa. “Creo que es un muy buen primer paso de reconocer que fue una mala decisión”, afirmó, aunque agregó que “todavía falta”.

Rubilar pide una declaración pública de Kast

En esa línea, sostuvo que el Presidente debe declarar públicamente que no sabía de los decretos, tal como lo afirmó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que, de haberlo sabido, nunca habría permitido rebajas a delitos de esta gravedad.

“Creo que esa declaración es indispensable, más allá de que él quiera respaldar al ministro por las razones humanas, de confianza que puedan existir”, sostuvo.

Según Rubilar, una declaración así “sería un bálsamo para las familias que hoy día ven, incluso con incertidumbre, con miedo y angustia, que no saben si el victimario de sus niños y niñas está libre”.

“El ministro Rabat debe pedir disculpas públicas”

Rubilar fue especialmente dura con Rabat, quien en un primer momento defendió las rebajas como el cumplimiento de la doctrina de la Corte Suprema. La exministra calificó como “una de las declaraciones más erradas” que el secretario de Estado planteara que volvería a hacerlo, porque a su juicio “es un golpe a las víctimas, es una revictimización”.

“El ministro Rabat debe pedir disculpas públicas porque recuerden que detrás de esta decisión hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena. Hay un dolor desgarrador”, añadió.

Consultada por si el error también aplica a los condenados por violaciones a los derechos humanos, Rubilar sostuvo que las rebajas de condena administrativas, en general, son un error, y que debe ser el Poder Judicial el que determine caso a caso.

Además, advirtió que “hay que cuidar al Presidente de la República”, porque con este tipo de decisiones “el daño muchas veces es demasiado grande”.

Defensa de Hernán Larraín tras dichos de Squella

La exministra también salió en defensa del exministro de Justicia Hernán Larraín, luego de que el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, le recordara su vínculo con Paul Schäfer, líder de Colonia Dignidad.

Larraín había explicado que durante el gobierno de Sebastián Piñera rechazó estas solicitudes, pero que la doctrina de la Corte Suprema lo obligó a otorgarlas, y que por eso impulsó la Ley 21.421, que desde 2022 excluye de este beneficio a los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Squella respondió en redes sociales: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer”.

Rubilar describió a Larraín como “un servidor público de tomo y lomo” y afirmó que por eso “duelen las declaraciones del senador Squella”, quien a su juicio “en el fondo de su corazón, sabe que Larraín no se merece sus declaraciones”.

Gobierno suspendió tramitación de las rebajas

Las declaraciones se dan luego de que el Ministerio de Justicia anunciara este viernes, mediante un comunicado, la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, tras detectar un “vacío legal” que afecta a personas condenadas antes de 2022.

La cartera anunció además proyectos de ley para restringir estos beneficios y garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas, mientras la oposición evalúa una acusación constitucional contra Rabat.

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