El 25° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $15 millones por daño moral a dos personas que fueron detenidas ilegalmente y sometidas a torturas durante la dictadura.
La sentencia favorece a dos hombres reconocidos como víctimas de prisión política y tortura, por hechos ocurridos en abril de 1977 y diciembre de 1984, en las comunas de Ovalle y Rancagua, respectivamente.
El tribunal rechazó las excepciones presentadas por el fisco, que había alegado reparación integral del daño y prescripción extintiva de la acción indemnizatoria.
¿Qué resolvió el 25° Juzgado Civil de Santiago?
En el fallo, la magistrada Susana Rodríguez Muñoz estableció que los demandantes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, por lo que la acción indemnizatoria no puede entenderse prescrita.
La resolución sostiene que, producto de la acción ilícita del Estado, ambos sufrieron un trauma importante y fueron privados de la posibilidad de desarrollar su vida en condiciones “objetivamente adecuadas, seguras y dignas”.
“Los demandantes, producto de la acción ilícita del Estado desplegada en su contra, sufrieron un trauma importante y se han visto privados de la posibilidad de tener un desarrollo vital en condiciones objetivamente adecuadas, seguras y dignas”, señala el fallo.
El tribunal también consideró la edad de los afectados al momento de los hechos, la duración de sus detenciones, los apremios ilegítimos y torturas sufridas, además de las secuelas físicas, psicológicas y familiares derivadas de esos episodios.
Los hechos acreditados por el tribunal
Según la sentencia, uno de los demandantes fue privado de libertad durante nueve días en diciembre de 1984, cuando tenía 28 años. Además, fue condenado a relegación en la localidad de Crucero por cerca de dos meses y 11 días.
En el caso del segundo demandante, el fallo consigna que fue detenido durante seis días en abril de 1977, cuando tenía 40 años.
Ambos figuran en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
La resolución también aborda la prueba acompañada en el juicio y señala que, si bien el Estado ha adoptado medidas de reparación mediante distintas leyes, estas no equivalen a una indemnización integral del daño moral sufrido.
“Dichos actos no constituyen una indemnización integral del mismo, aunque sí inciden en la avaluación del resarcimiento pedido en este juicio”, indica la sentencia.
Los montos fijados por daño moral
El tribunal reguló prudencialmente la indemnización en $10 millones para uno de los demandantes y $5 millones para el otro.
Respecto de este último, el fallo precisó que la escasa prueba rendida para acreditar la extensión del daño moral limitó el monto a indemnizar, pese al reconocimiento de su condición de víctima.
En su resolución, el juzgado concluyó que los hechos acreditados permiten configurar un daño moral indemnizable y que las medidas reparatorias previas del Estado no impiden recurrir a la vía judicial para solicitar una compensación adicional.
Con esta decisión, el fisco deberá pagar un total de $15 millones por concepto de daño moral a los dos demandantes, por las detenciones ilegales y torturas sufridas durante la dictadura.
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