Hasta Providencia llegó un grupo de fiscalizadores del Instituto de Salud Pública para comprobar que se estuviera cumpliendo la Ley de Fármacos. Esto tras recibir una denuncia de trabajadores farmacéuticos, por una nueva modalidad de incentivo a la venta por volumen.
Además, y pese a los esfuerzos por eliminarlas, la Federación Nacional de Trabajadores Farmacéuticos acusan que las llamadas “canelas” continúan generando problemas. Estas consisten en que los vendedores reciban un incentivo económico por la venta una marca particular de medicamentos en lugar de ofrecer bioequivalentes.
Desde el ISP la postura es clara: quienes inclumplan la ley arriesgan multas de hasta 1.000 UTM.
Más detalles en el informe adjunto.
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