Según el escrito judicial, el alcalde habría utilizado fondos municipales para pagar los servicios del estudio jurídico Asesorías Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann, que lo representó en una querella por calumnias e injurias presentada en su contra en 2024.
Una nueva controversia legal sacude al municipio de Maipú.
El concejal Juan Carlos Prado, militante de la UDI, presentó una querella por presunta malversación de fondos públicos en contra del alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio), a quien acusa de haber costeado su defensa en una causa penal personal con recursos de la municipalidad.
Según el escrito judicial, el alcalde habría utilizado fondos municipales para pagar los servicios del estudio jurídico Asesorías Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann, que lo representó en una querella por calumnias e injurias presentada en su contra en 2024, consignó La Tercera.
La acusación fue ingresada originalmente por José Luis Rifo, representante legal de un restaurante donde ocurrió un homicidio.
En una entrevista televisiva, Vodanovic habría sugerido que la administración del local fue negligente, declaraciones que Rifo consideró ofensivas.
El edil querellante sostiene que estos gastos legales no debieron ser financiados por la municipalidad, ya que se trata de una causa en la que Vodanovic era el imputado y no la víctima.
Según Prado, el uso de fondos públicos en este contexto transgrede el marco legal establecido para la defensa de autoridades municipales.
El concejal basa su querella en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que señala que la defensa jurídica financiada por el municipio solo se justifica cuando un funcionario es atacado o acusado debido al ejercicio de sus funciones.
Cabe destacar que la defensa legal en esa causa fue ejercida por el abogado Alejandro Awad, quien también representa a la municipalidad en otras causas relevantes, entre ellas, la que involucra a la exalcaldesa Cathy Barriga.
Este vínculo entre el abogado y ambas defensas ha sido uno de los puntos cuestionados por el concejal.
Desde la alcaldía de Maipú defendieron la legalidad del procedimiento.
En una declaración pública, señalaron que la defensa fue autorizada conforme a derecho, ya que las declaraciones del alcalde fueron emitidas en el contexto de sus funciones públicas.
“La Contraloría General ha establecido en múltiples dictámenes que corresponde a los municipios asumir estos costos cuando se trata de acciones judiciales derivadas del ejercicio del cargo”, afirmaron.
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