El Gobierno busca acelerar la tramitación del proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país. La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado, donde el Ejecutivo ha intentado destrabar puntos clave con parlamentarios de oposición para avanzar en su discusión.
Desde La Moneda, el ministro vocero, José García Ruminot, destacó los avances en las negociaciones y afirmó que existe un trabajo permanente para reforzar la seguridad y el control de la migración irregular.
En paralelo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Saurbaum, expuso ante la comisión y alertó sobre situaciones en la frontera, como el uso de menores de edad por parte de adultos sin vínculo familiar y la utilización indebida de solicitudes de refugio.
Sin embargo, el proyecto no está exento de cuestionamientos técnicos. El exministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que convertir el ingreso irregular en delito podría generar efectos contraproducentes.
En entrevista con Canal 13, sostuvo que la judicialización de estos casos podría ralentizar las expulsiones, ya que obligaría a pasar por procesos penales antes de ejecutar medidas administrativas.
“Para poder realizar las expulsiones, estas personas deben ser detenidas y existen plazos acotados. La logística y la gestión son mucho más relevantes que el discurso”, afirmó, apuntando a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado.
Cordero también planteó que el foco en materia de seguridad debería estar en desarticular redes criminales, más que en el flujo migratorio en sí, el que —según indicó— ha mostrado una tendencia a la baja en el último tiempo.
En el marco del debate legislativo, la comisión acordó solicitar informes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre sus acciones judiciales y antecedentes estadísticos que permitan analizar la relación entre migración y delincuencia.
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