Un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó a la diputada Catalina Pérez con posible delito de tráfico de influencias, en el marco de las indagatorias por el denominado Caso Convenios.
En medio de las diligencias y proceso judicial por los tres millonarios contratos que celebró en Antofagasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con Democracia Viva, fundación vinculada militantes de Revolución Democrática (RD) -partido en el cual la parlamentaria militaba hasta que el Tribunal Supremo le suspendió su activismo debido al caso-, el pasado 19 de julio, la PDI le envió a la fiscalía de la capital regional un documento de 60 con resultados de allanamientos, declaraciones de testigos y revisión de antecedentes, consignó La Tercera.
El informe
Este texto dice que “conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”.
Además, menciona que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
Testimonio clave de una funcionaria
De acuerdo con el medio citado, una de las testigos claves en la declaración ante la PDI fue Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la secretaría regional ministerial (seremi) que se desempeñaba como analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
El 30 de junio, esta funcionaria les dijo a los detectives: “Los primeros días de mayo el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios del Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”.
También comentó que “llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”.
Otro aspecto que dijo Méndez es que, en 2021, el Serviu se adjudicó $5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios, y que el ahora exseremi Contreras al enterarse de eso “invita a través de mail a participar en dicho programa, que hasta ese momento solo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por Serviu (Campamento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, DPR, que es la Delegación Presidencial Regional y Fusupo)”.
“Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”, añadió.
Concejala RD en la mira
El informe de la PDI también apunta a la concejala por Antofagasta Paz Fuica (RD) y la considera como “brazo derecho” de Contreras: “La concejala de esta comuna Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”.
“Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”, indica el documento.
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