El caso genera inquietud no solo por el perfil del imputado —vinculado al grupo criminal Tren de Aragua—, sino también por las debilidades expuestas en el sistema de control y gestión judicial.
La liberación de Alberto Carlos Mejía, presunto sicario venezolano acusado del asesinato de José Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”— ha encendido las alarmas en el sistema judicial y ha motivado una intensa investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Y este viernes se dieron nuevas luces que podrían ayudar esclarecer el presunto error cometido que dejó en libertad al sicario y puso en jaque la institucionalidad chilena.
El caso genera inquietud no solo por el perfil del imputado —vinculado al grupo criminal Tren de Aragua—, sino también por las debilidades expuestas en el sistema de control y gestión judicial.
Mejía fue formalizado el pasado 9 de julio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago bajo una identidad falsa: Osmar Ferrer.
En esa audiencia, se decretó prisión preventiva para él y otros dos ciudadanos venezolanos, todos vinculados al crimen del empresario, que presuntamente habría sido encargado por el también empresario Wilson Verdugo.
Sin embargo, apenas un día después, el 10 de julio, Mejía fue liberado por causas que hoy son objeto de escrutinio.
Según antecedentes preliminares, la confusión se habría originado en una serie de resoluciones judiciales contradictorias enviadas a Gendarmería.
Todo comenzó con un documento inicial que establecía la prisión preventiva, pero contenía errores en la identidad del imputado.
Posteriormente, se emitió una segunda resolución que anulaba la anterior —con fines internos—, y finalmente una tercera que corregía el nombre y ratificaba la medida cautelar.
Pese a que este último documento fue recibido por Gendarmería alrededor de las 14:00 horas, Mejía fue igualmente puesto en libertad seis horas más tarde.
Un informe interno de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, citado por El Mercurio, apunta a un posible “error humano” como causa del incidente.
Según el reporte, un funcionario habría enviado por error a Gendarmería la resolución de anulación —que era de uso interno—, provocando confusión en el penal Santiago 1, donde se encontraba recluido Mejía.
La Corte Suprema revisará el informe en las próximas horas para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, el fiscal Marcos Pastén lidera la indagatoria para establecer si hubo dolo o negligencia grave en los hechos que facilitaron la fuga del presunto sicario, quien, según información oficial, habría cruzado la frontera hacia Perú el 12 de julio.
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