El jefe regional de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Paulo Palma, asistió hasta el Juzgado de Garantía y anunció una querella por injurias y calumnias en contra el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro.
El motivo de la querella fue debido a la publicación que realizó en su cuenta de Twitter, en el cual relacionó a un funcionario del INDH con un presunto ingreso de drogas en un centro penitenciario ubicado en la ciudad de Tocopilla.
“Si el Instituto Nacional de Derechos Humanos no responde a la grave acusación de ingreso de drogas a un centro penitenciario ubicado en Tocopilla por parte de uno de sus representantes. No daremos dinero , que es de todos los chilenos”. Y advirtió que adhiere a la propuesta de la diputada de RN, Sofía Cid, de disminuir el presupuesto a la entidad.
🔴Si el @inddhh no responde a grave acusación de ingreso de drogas a cárcel de #Tocopilla por parte de uno de sus representantes, NO DAREMOS DINERO -que es de todos los chilenos-.
Respaldo propuesta de @DiputadaCidV de bajar presupuesto a UN PESO para el INDDHH.#Presupuesto2023 pic.twitter.com/5Q6mV4we4A— José Miguel Castro (@dip_jmcastro) November 15, 2022
“Imputaciones graves”
En un punto de prensa realizado en las afueras del Juzgado de Garantía, el jefe regional de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Paulo Palma, se refirió a las razones de la querella por injurias y calumnias, en el cual acuñó las declaraciones del diputado Castro como “imputaciones graves”, lo cual afecta a los funcionarios públicos del organismo.
El jefe regional del INDH, Paulo Palma, descartó que la persona que fue detenida en el recinto penal en la ciudad de Tocopilla sea funcionaria del INDH. “No se relaciona con la institución bajo ningún tipo contractual y legal” y aclaró que el sujeto es “es miembro de una agrupación civil de derechos humanos de la comuna de Melipilla”.
Y complementó: “Esta agrupación si se relaciona con el instituto por ser una institución registrada (…) No hay una relación contractual, como se hizo en la imputación y en el punto de prensa (realizado) por el diputado Castro. “Nosotros no pagamos, no hay dineros de por medio, solamente son relaciones de colaboración, difusión y educación de derechos humanos”.
Sobre los pasos a seguir adelantó que “hay que solicitar el desafuero para poder continuar con la persecución penal”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió a los sucesos y señaló que “descartamos la veracidad de las informaciones y llamamos a la responsabilidad ante la difusión de fake news, especialmente por parte de representantes del Estado cuya obligación es informar veraz y oportunamente a la ciudadanía”.
Como INDH descartamos la veracidad de las informaciones y llamamos a la responsabilidad ante la difusión de fake news, especialmente por parte de representantes del Estado cuya obligación es informar veraz y oportunamente a la ciudadanía.
— INDH Chile (@inddhh) November 16, 2022
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