Greenpeace Chile solicitó al Gobierno de José Antonio Kast no “caer en presiones” por el proyecto minero-portuario Dominga, luego de que la empresa Andes Iron señalara que impulsará la iniciativa a través de la vía administrativa.
Durante la tarde del pasado lunes, Andes Iron presentó un escrito formal ante la Corte Suprema en el que se desiste de los recursos legales ingresados tras el rechazo del proyecto, valorado en más de US$ 3.000 millones.
Para la agrupación ambientalista, la acción judicial de la empresa “es un reconocimiento claro de que el proyecto minero-portuario Dominga está rechazado, y de que sus posibilidades de revertir judicialmente esa decisión eran cada vez más estrechas“.
En esa línea, enfatizaron en su declaración pública que esto ocurre en medio de la querella presentada por Greenpeace, la cual investiga posibles actos de “corrupción e irregularidades en la tramitación del proyecto”.
“Esta querella investiga eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, a partir de los más de $255 millones que Andes Iron pagó al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios están imputados en el caso Muñeca Bielorrusa”, detalló la organización.
“Creemos que es indispensable que esa investigación avance, se esclarezca el verdadero propósito de esos pagos y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan”, agregaron.
Asimismo, Greenpeace sostuvo que “no podemos permitir que se siga intentando imponer por vía administrativa un proyecto cuya tramitación ha estado marcada por más de una década de cuestionamientos ambientales y de probidad”.
Cabe recordar que, de acuerdo con Diario Financiero, la empresa recurriría a la vía administrativa para aprobar la iniciativa, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitiera a trámite una petición para invalidar el rechazo del proyecto. De esta forma, la decisión sobre el futuro de la iniciativa quedaría en manos del Comité de Ministros del Gobierno.
“El rechazo de Dominga debe respetarse. En este sentido, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, cerraron.
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