Gobierno se abre a modificaciones al Registro de Vándalos: Se eliminaría la pérdida de la PGU y acceso a otros beneficios

Fue en la Cuenta Pública de junio que el presidente José Antonio Kast anunció la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

La medida se enmarca en la agenda de seguridad del Gobierno y, según detalló en esa oportunidad el mandatario, el objetivo es “proteger a las personas de las conductas que afectan los barrios, alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

De esa manera, se dio a conocer que se calificarían como delitos los atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes y el daño a monumentos nacionales.

Mientras que se propuso calificar de incivilidades conductas como la venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización a la propiedad pública y privada y destrucción de equipamiento comunitario.

Cambios al Registro de Vándalos: ¿Cuáles serían?

Durante la última semana, sin embargo, desde el Ejecutivo se abrieron a realizar modificaciones a la iniciativa, con el fin de poder agilizar su tramitación en el Congreso.

En entrevista con El Mercurio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que las indicaciones “dicen relación con aquellos elementos planteados en la discusión en general por distintos actores y también por lo que han ido solicitando los parlamentarios del oficialismo que han demostrado disposición de avanzar, pero tomando ciertos resguardos en el contexto de la proporcionalidad”.

En esa línea, explicó que la nómina se dividiría en dos registros, uno de actos vandálicos, que incluiría a quienes cometan delitos, y otro de incivilidades, para infracciones de menor gravedad.

“La idea de separar la nómina en dos registros obedece al mismo concepto, que en virtud de la sanción impuesta, se puede distinguir a aquellas personas que están en un registro de actos más graves, de vándalos y un registro de actos de incivilidad. Eso es una muestra de la proporcionalidad que buscamos, que ha sido un tema demandado”, dijo al citado medio.

Asimismo, el Gobierno habría cedido al eliminar la pérdida de beneficios sociales para aquellas personas que formen parte del registro.

En concreto, se eliminó de la propuesta la suspensión del acceso a subsidios habitacionales y a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De todos modos, se mantendría la pérdida de gratuidad para acceder a la educación superior, aunque quedaría limitada solo para quienes ingresen al registro de actos vandálicos.

Pavez señaló que “en el caso de la gratuidad hay un análisis distinto porque nosotros creemos que para delitos más graves, que no es el caso del proyecto Escuelas Protegidas, sí nos parece que es un disuasivo correcto y que el Ejecutivo está por mantener a la espera de la votación de los parlamentarios”.