El gobierno ratificó este martes que no firmará el Acuerdo de Escazú, el pacto que busca dar garantías para el acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales junto a otros países de América Latina.
Según consigna Radio Bío Bío, a través de un documento elaborado en conjunto por las carteras de Relaciones Exteriores y Medioambiente se indicó que “el Gobierno de Chile considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna”.
Lo anterior, agrega el texto, “generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.
En la misma línea, se señala que el pacto “expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones” y que “no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambiguas para el Estado de muy compleja implementación.”
Los argumentos fueron sintetizados en 4 puntos:
- El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
- El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
- El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
- El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
Por su parte, en caso de que el acuerdo alcance las 11 firmas necesarias, entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre.
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