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Este viernes, el Gobierno finalmente presentó el veto a la Ley de Usurpaciones. La acción del Gobierno intentará eliminar la “legítima defensa privilegiada” de la normativa aprobada por el Senado y regular la proporcionalidad de las penas.

Este proyecto busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, aumentando las sanciones de estos e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.

La medida modifica el Código Penal para establecer penas privativas de libertad por el delito de usurpación y facilitación de la detención de los ocupantes.

De acuerdo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, este veto, en caso de la usurpación “hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. (…) Si rigen las reglas generales, va a haber durante las primeras horas la posibilidad de hacer la detención ciudadana, la persona va a poder hacer legítima defensa, al igual que en los delitos generales, pero se hizo esta modificación con el objeto de evitar que se promueva que las personas, los civiles, a través de la violencia reivindiquen sus derechos, queremos que lo hagan a través del Estado de Derecho, pero se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías”.

“Entonces, no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso hoy día no existe”, añadió la secretaria de Estado.

Asimismo, precisó que en todos los casos de usurpación esta se constituirá como “delito y no una falta”.

“La usurpación va a permitir que en cualquier momento las policías actúen, cosa que hoy día no pueden hacer, que las policías detengan, que hoy día con la usurpación tampoco se puede hacer, y también esto va a dar la posibilidad en todo momento y en cualquier tipo de usurpación que se puedan pedir medidas como por ejemplo la prisión preventiva”, dijo.

Penas

En cuanto a las penas, el proyecto del Gobierno pretende hacer una modificación a las sanciones que estaban previstas para hacerlas graduales. “Lo que se busca con esto es evitar lo que pasaba en el proyecto que aprobó originalmente el Congreso, que en situaciones muy distintas quedaban con la misma pena. ¿Cómo se modifica esto? En primer lugar, respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba (presidio menor en su grado medio a máximo)”, dijo la secretaria de Estado.

“Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación, en que no hay violencia ni intimidación a las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior (presidio menor en su grado medio)”, agregó.

Finalmente, y en cuanto a la usurpación pacifica, “donde no hay violencia ni intimidación a las personas, ni tampoco hay violencia en las cosas, lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel (presidio menor en su grado mínimo) o hay multa“.

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