El Gobierno busca acelerar el despacho de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el Congreso. A través de un informe enviado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se anunció el ingreso de discusión inmediata para 10 proyectos de este paquete de medidas.
En el artículo 65 de la Constitución se evidencia que cada proyecto debe ser discutido y despachado a seis días de cada Cámara correspondiente.
El despliegue de estas iniciativas se distribuye equitativamente en ambas corporaciones legislativas. De acuerdo con el informe oficial, cinco proyectos se encuentran en el Senado en su segundo trámite constitucional, mientras que otras cinco medidas se encuentran cumpliendo su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
También se dio suma urgencia (discusión y despacho en 15 días) para otros 10 proyectos y urgencia simple (plazo de 30 días) para otros 3.
“El plazo de discusión simple son 30 días; por lo tanto, ese es el plazo que tenemos en el horizonte más próximo. 30 días para que comience el trabajo legislativo y se desarrolle el trabajo legislativo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y ahí se puedan exponer los distintos puntos de vista, debatir, por supuesto, y también construir los acuerdos necesarios para que esta reforma constitucional pueda finalmente transformarse en ley de la República”, dijo el ministro Segpres, José García Ruminot.
Iniciativas con discusión inmediata
- Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta.
- Legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco.
- Reforma la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas.
- Amplía las hipótesis de tráfico de migrantes y modifica los textos legales correspondientes.
- Modifica el código penal, con el objeto de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.
- Faculta el control de identidad de las FF.AA. en estados de Excepción Constitucional.
- Ley corta que modifica y fortalece la seguridad municipal.
- Modifica diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros.
- Modifica el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte (Antibarricadas 2.0).
- Modifica el Código Procesal Penal y la ley N°19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN, para agilizar las investigaciones penales.
Suma urgencia
- Reglas del Uso de la Fuerza.
- Aumenta sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
- Para la protección de la infraestructura crítica del país.
- Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia.
- Modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
- Continuidad de juicio oral en ausencia.
- Tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.
- Modifica la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
- Tipifica el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos, por parte de asociaciones delictivas o criminales.
- Modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
Urgencia inmediata
- Reforma Constitucional que fortalece el sistema nacional de Seguridad Pública.
- Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la seguridad portuaria ante acciones promovidas por el crimen organizado.
- Modifica el Código Penal para delimitar la aplicación del tipo penal de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a conductas cometidas por empleados públicos respecto de personas bajo su custodia.
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