En medio del amplio debate entre el oficialismo y la oposición sobre los proyectos que buscan reducir las jornadas de trabajo, el gobierno dio a conocer una minuta en la que se cuantifica el impacto económico de su propuesta de flexibilidad laboral.
El informe denominado “Reducción de jornada laboral, productividad y empleo”, elaborado por el Ministerio de Trabajo con apoyo del “segundo piso” de asesores de La Moneda y el Ministerio de Hacienda, detalla que el proyecto que propone rebajar la jornada laboral a 41 horas semanales generará un aumento del 17,8% en la productividad de los trabajadores.
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Además, según consigna El Mercurio, el informe indica que de aprobarse la iniciativa este año, la rebaja de horas se aplicaría de forma gradual a partir del 2020 con 44 horas semanales. Luego a 43 horas para el 2022, 42 horas el 2025 y, finalmente, 41 horas para el 2027.
El Ejecutivo precisa que, si bien no es definitiva esta gradualidad, sí es la más probable de ser planteada en la indicación que será ingresada en los próximos días al Senado.
A la vez, a diferencia del proyecto de ley presentado por la oposición, el gobierno propone fijar una gradualidad única para todas las empresas, independiente de su tamaño, para así no dificultar la fiscalización que deberá realizar la Dirección del Trabajo y que no se generen incentivos para que las empresas se mantengan como pymes para retrasar la aplicación de la reducción laboral.
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Las indicaciones al proyecto de la oposición
En la jornada del miércoles fueron acordadas las indicaciones para el proyecto de ley que defiende la oposición.
El grupo de diputadas, pertenecientes a la Comisión de Trabajo de la Cámara, informaron que entre las modificaciones destaca la gradualidad de dos años de la aplicación de la ley para las microempresas (las que generen menos de 50.000 UF en tres años).
“Entendiendo su situación particular de desigualdad con las grandes empresas, y que esa situación las ha perjudicado durante todo este tiempo, es por eso que establecemos esa excepción para ellas”, explicó la parlamentaria Gael Yeomans (Convergencia Social).
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