Gobierno evalúa crear cárcel especial para presos de pueblos originarios: “Parlamentarios de oposición y oficialismo nos lo han propuesto”

El Gobierno está evaluando crear una cárcel especial para personas imputadas y condenadas que pertenezcan a pueblos originarios.

La iniciativa que surgió a petición de un grupo de parlamentarios de oposición y oficialismo, busca adaptar el sistema penitenciario del país al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas, el cual habla de normas para el cumplimiento de prisión en caso de personas de pueblos originarios.

“Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello”, afirmó Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, a La Tercera.

“Consideramos que es importantísimo, y coincidimos con los parlamentarios en el hecho de que es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas. Estamos viendo la factibilidad técnica, revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el convenio”, agregó.

Miguel Mellado, diputado de la región, militante de Renovación Nacional (RN) y uno de los parlamentarios que ha propuesto la idea, sostuvo al medio citado que le dijo al subsecretario Gajardo y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, que, mediante un requerimiento a Bienes Nacionales, se debería instalar una cárcel de alta seguridad exclusiva para personas condenadas por delitos vinculados a la llamada violencia rural.

“Tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales”, afirmó.

“Por eso yo le dije al Gobierno que se necesita esta cárcel para imputados y condenados de pueblos originarios y que ahí estén todos juntos, con la seguridad que corresponde en el perímetro. Incluso podrían tener allí sus rewe (altar utilizado por los mapuche en muchas ceremonias), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano”, añadió.

“Estamos analizando la propuesta”

No obstante, el Gobierno propone que el recinto sea para todo tipo de delito, no solo para el denominado violencia rural.

“Lo que da factibilidad para hacer una diferenciación es el Convenio 169. Para que hagamos cualquier diferenciación en el cumplimiento de una pena privativa de libertad, necesitamos una razón normativa, y la única que existe es la que estipula esta norma. En ese sentido, estamos analizando la propuesta y, por lo mismo, viendo su posibilidad”, dijo Gajardo.

Respecto a lo que significaría este tipo de recinto para el país, el subsecretario comentó que en Chile “estamos al debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas. En el gobierno anterior esto se comenzó a abordar y por eso se dictó la resolución 3.925 por parte del subsecretario Sebastián Valenzuela y el ministro Hernán Larraín. Los distintos sectores reconocen que tenemos un problema y un desafío como Estado respecto de este tema”.

Finalmente, la autoridad informó que le encargó un informe técnico sobre el tema a Gendarmería para “ver en qué lugar se debiera emplazar, cuánto costaría, cuánto se demoraría, etcétera. Con aquello vamos a revisar el tema, hablar con los parlamentarios para ver bajo qué modalidad lo podríamos hacer”.