La polémica y fallida compra del expresidente Salvador Allende abrió una profunda fisura política en el Gobierno, puso en jaque al equipo jurídico de Presidencia y amenaza con arrastrar consigo a figuras clave de la administración actual, incluyendo a la jefa de la División Jurídico-Legislativa, Francisca Moya, estrecha colaboradora -y amiga- del presidente Gabriel Boric.
Lo que comenzó como un acto simbólico para preservar la memoria de dos expresidentes por parte del Gobierno, terminó en un verdadero terremoto político en La Moneda.
La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), llamó el jueves 2 de enero a Leonardo Moreno, exasesor del Segundo Piso, para advertirle sobre una eventual inhabilidad constitucional en la compra de la casa donde vivió Salvador Allende. Ella estaba bastante molesta.
Así lo declaró Moreno ante la Fiscalía.
La información trascendida era que entre las vendedoras estaban la senadora Isabel Allende (PS) y la entonces ministra Maya Fernández (PS), ambas autoridades impedidas por la Constitución de celebrar contratos con el Estado.
Según consigna un artículo de La Tercera, durante un año se había trabajado en la adquisición del inmueble sin que nadie detectara el obstáculo legal, pese a que el artículo 37 bis y el artículo 60 de la Carta Magna prohíbe contratos entre parlamentarios y el Estado.
El escándalo estalló solo 48 horas después de que el Gobierno anunciara la adquisición de las casas de Allende y Aylwin de manera pública.
De inmediato, comenzó una silenciosa, pero intensa búsqueda de responsabilidades. La División Jurídica de Segpres, liderada por Moya, solo intervino en la fase final del proceso, lo que para ella justificaba no haber detectado la inhabilidad.
Pero esa explicación no ha calmado las críticas.
La compra habría sido revisada por más de una docena de abogados de distintos ministerios, ninguno de los cuales levantó alertas sobre las inhabilidades.
Las advertencias que sí se dieron —según consta en la carpeta investigativa de Fiscalía— fueron de carácter político o estético, pero jamás se explicitó una prohibición constitucional.
En una reunión del 9 de octubre en La Moneda, con cinco abogados presentes, se discutieron reparos formales y de fondo.
La abogada Macarena Diez expresó inquietudes respecto a la participación de autoridades como vendedoras. Sin embargo, el exasesor Moreno derivó la preocupación al Servicio Nacional del Patrimonio y a la Secretaría de Comunicaciones (Secom), para su manejo político.
Un documento clave, supuestamente presentado por Diez, nunca fue ingresado formalmente al expediente.
Lo que sí consta es una minuta enviada meses antes por la jefa de gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio, donde se menciona la existencia de autoridades entre los herederos, pero sin detallar implicancias legales.
El abogado Felipe Vio, yerno de Allende, aseguró que se consultó informalmente a un experto externo, quien no vio mayores inconvenientes. Ese experto, según fuentes, habría sido Rodrigo Quintana, consejero del Consejo de Defensa del Estado.
Francisca Moya, abogada de extensa trayectoria en derecho público y figura de confianza del presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los rostros más visibles del caso.
Durante su comparecencia ante una comisión investigadora del caso de la Cámara de Diputados, Moya defendió su rol, asegurando que su equipo se limitó a revisar la legalidad formal del decreto presidencial.
No obstante, un nuevo antecedente podría complicarla aún más: Pablo Maino, jefe de Bienes Nacionales, relató que Moya preguntó si el decreto identificaba a los propietarios, a lo que él respondió afirmativamente.
Eso sugiere que Moya habría visado un documento sin revisar uno de sus puntos más sensibles.
En la lista de nombres que ya han salido del Gobierno por este caso están Marcela Sandoval, Maya Fernández, Bernardita Nazar, Macarena Diez, entre otros.
La oposición, y algunos en el oficialismo, exigen que Moya también asuma su responsabilidad en la polémica del caso.
El Presidente Boric, sin embargo, ha respaldado a la abogada.
Moya y el jefe de Estado se conocen desde sus años universitarios. Así lo reveló el mandatario con un mensaje en Instagram durante 2019: “Somos amigos hace más de 10 años”.
Esa amistad podría ser el último salvavidas político de Moya, que hasta ahora cuenta con el respaldo ferréo del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS)
La abanderada presidencial del PPD y del PL habló en Tolerancia Cero sobre lo que denomina un "tsunami de ultraderecha", que en Chile ha encontrado terreno fértil en aquellas materias en que la izquierda no había puesto el foco anteriormente.
