El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se acogió a su derecho de guardar silencio y no declaró ante la fiscal Ximena Chong este lunes como estaba presupuestado.
Esto, en el marco de una investigación por la presunta omisión ante casos de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social de 2019.
“Suscribió el acta fijando aquello (…) es un derecho y no acarrea ninguna consecuencia legal adversa“, explicó la persecutora respecto a la decisión de la máxima autoridad policial, quien se encuentra en calidad de imputado.
En ese sentido, confirmó que la indagatoria continuará “al margen de la colaboración que pueda entregar, sin perjuicio de, como señalaron sus abogados, lo más probable es que en un horizonte de tiempo de tres meses, podría estar en condiciones de prestar declaraciones”.
Respecto al delito que se le imputa, ratificó que se trata “específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida“.
“Es decir, no haber realizado las acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad”, zanjó Chong.
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