Contraloría revela que el alcalde de El Tabo intervino en la contratación de familiares y cercanos en el municipio

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Contraloría abre nueva consulta sobre percepción de la corrupción en Chile/Agencia Uno

La Contraloría General de la República (CGR) corroboró que el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, intervino en decisiones vinculadas a la contratación y permanencia de 24 funcionarios con quienes mantiene relaciones familiares o de amistad.

Esto se constató en el Informe Final de Investigación Especial N° 596/2025, el cual fue elaborado a raíz de denuncias presentadas por un particular y por la concejala Karina Soto sobre “eventuales contrataciones de personas cercanas al jefe comunal y a otros funcionarios del municipio”.

Los hallazgos de la Contraloría

Sobre la base de la investigación, la entidad fiscalizadora “determinó que, entre las 24 personas vinculadas al alcalde, se encuentran su cónyuge y dos hermanas, además de otros funcionarios con quienes mantiene relaciones de cercanía”.

De acuerdo con la CGR, el jefe comunal “participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían abstención”.

Asimismo, se detectó “que la red de relaciones alcanza a otras áreas estratégicas del municipio“. En el comunicado se explicó que en total “se identificaron 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con autoridades municipales. De ellos, 16 están relacionados con el Director de Finanzas, nueve con el Director Jurídico —entre los que figuran su cónyuge, un hermano y una tía— y otros siete mantienen vínculos con el Director de Control”.

Adicionalmente, el organismo advirtió “irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código del Trabajo. En este ámbito, la CGR constató que el municipio no contaba con antecedentes suficientes para acreditar que los funcionarios cumplían los requisitos legales ni había realizado estudios financieros que permitieran determinar el costo de dichas incorporaciones”.

Debido a los antecedentes detectados, la Contraloría ordenó invalidar los actos administrativos observados, establecer mecanismos de abstención en futuras decisiones y regularizar las situaciones contractuales detectadas.

También se instruyó que “el cargo de Secretario Municipal sea provisto por un titular y dispuso que, mientras ello no ocurra, el actual subrogante se abstenga de participar en asuntos relacionados con una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental”.

Por último, se ordenó la elaboración de un informe que contenga la nómina de trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, para “cuantificar el impacto financiero de la medida y mantener actualizada y publicada esta información”. Asimismo, deberán informar al concejo municipal y reportar en un plazo de 15 días hábiles el estado de los sumarios instruidos.

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