Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Macrozona Sur.
La medida, que impera en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío (Región del Biobío), recibió 102 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones. Con esto, la solicitud del Ejecutivo continuará su tramitación en el Senado, donde será revisada este martes.
De ser aprobada, la prórroga se extenderá por otros 30 días a partir del próximo 23 de agosto. El estado de excepción se encuentra vigente en la zona desde mayo de 2022.
Durante la discusión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la continuidad de la medida y entregó cifras sobre la evolución de los hechos de violencia registrados en las provincias bajo su aplicación.
“No vengo a solicitar una prórroga administrativa, vengo a rendir cuenta de una decisión que ha dado resultado y que se le permita continuar. En materia de seguridad, las convicciones sin datos son solamente opiniones”, sostuvo el secretario de Estado.
En paralelo, el informe de evaluación elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Pública, presentado durante la tramitación de la prórroga, señala que entre enero y el 26 de julio de este año los eventos de violencia rural disminuyeron 19% respecto del mismo período de 2025. Frente a 2021, la reducción llega al 84%.
El informe también registra una disminución de 86% en los ataques incendiarios y de 93% en los bienes incendiados respecto de 2021. A esto se suma una caída de 94% en los cortes de ruta y de 96% en las usurpaciones.
Sin embargo, no todos los indicadores muestran una baja. De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Seguridad Pública, durante 2026 los hechos en que se registró presencia de armas de fuego aumentaron 9% en comparación con el mismo período del año anterior.
Arrau también destacó la evolución de los atentados atribuidos a organizaciones terroristas. Según las cifras expuestas por el ministro, estos hechos pasaron de nueve a dos casos, lo que representa una disminución de 77,8%.
“La Weichán Aukamapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche no registran ninguno este año. Eso no significa que hayan desaparecido, significa que perdieron capacidad operativa porque el Estado se los quitó”, afirmó.
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