Exministro Gajardo critica traslado de reos en Punta Peuco: “Nos hace retroceder en protección de los DD.HH. y en que no existan grupos privilegiados”

El traslado de reos con penas comunes desde el ex centro penitenciario Punta Peuco fue cuestionado este domingo por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien sostuvo que esto hace “retroceder en la protección de los derechos humanos” y en “que no existan grupos privilegiados”.

Con este traslado, el recinto retomó su condición de uso exclusivo para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, deshaciendo lo establecido por el expresidente Gabriel Boric, quien anunció el fin de la exclusividad en junio de 2025, concretándolo con un decreto que transformó el recinto en cárcel común en noviembre de 2025.

“Es una muy mala decisión, que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos, pero también en el hecho de que no existan personas privilegiadas ni grupos privilegiados. Va en contrasentido de lo que se ha venido haciendo en esta materia”, declaró en conversación el exministro Gajardo en conversación con TVN.

Además, recordó cuando el exmandatario Sebastián Piñera decidió cerrar el Penal Cordillera y cuando, durante la administración pasada, se decretó la modificación de Punta Peuco, que pasó a llamarse Centro Penitenciario Tiltil.

Al ser consultado sobre si el traslado tuvo un trasfondo político o se basó en los criterios técnicos de Gendarmería —como señaló el actual titular de Justicia, Luis Silva—, sostuvo que “hemos visto una disonancia entre el discurso y la práctica, porque en términos discursivos, tanto el presidente José Antonio Kast como sus ministros han dicho que efectivamente se debería retrotraer esta medida que se tomó durante el gobierno del presidente Boric y en la práctica efectivamente ha ocurrido eso”.

Si bien el exsecretario de Estado admitió que la medida podría responder a los traslados rutinarios de Gendarmería, advirtió que, de tratarse de una definición política del Gobierno, se requiere mayor transparencia: “A mi juicio, es poco transparente con la opinión pública que no se diga: ‘estamos tomando esta decisión porque consideramos que es la correcta, consideramos que los criminales de lesa humanidad tienen que tener un penal especial'”.

En esa línea, explicó que para volver al régimen original de Punta Peuco “habría que modificar el decreto, volver a establecer la especialidad del decreto tal y como está en el decreto de su creación”.

Críticas a la postura del actual Gobierno

Gajardo sostuvo que el Gobierno actual ha “retrocedido” en materia de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

“Hasta el gobierno del presidente Piñera teníamos un consenso en estas materias. De hecho, el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que yo voy de un consenso en el cual estamos retrocediendo“, precisó.

A lo que explicó que en la actual administración “no hemos escuchado de ningún funcionario público del gobierno de alto rango que condene, con todas sus letras, los crímenes que ocurrieron durante la dictadura militar. Y tenemos un conjunto de acciones que dan cuenta, en la práctica, de que se quiere mantener privilegio”.

Ejemplificó esto con “volver a transformar Punta Pemco en un recinto especial” y “la posibilidad de indultar a criminales de derecha humana, que eso lo ha planteado el propio presidente de la república”.

Debate sobre conmutación de penas a adultos mayores

Sobre el proyecto de ley que busca la conmutación de penas de adultos mayores que cumplan ciertas condiciones, como discapacidades o enfermedades avanzadas, Gajardo admitió que este debate ya está instalado en la agenda y que el “sistema jurídico lo permite” en ciertas ocasiones.

“Las personas que están en este recinto penal recurren de manera permanente a los tribunales de justicia para que se les flexibilicen sus condiciones penitenciarias con el objeto de poder tener ciertos procesos de salud en recintos hospitalarios para que puedan acceder a pasar los últimos días en los casos que tengan enfermedades terminales en su domicilio, y los tribunales de justicia acceden o a veces rechazan porque no consideran que están todos los antecedentes, es decir, eso nuestro sistema jurídico lo permite”, explicó.

Profundizó en que existe el Estatuto de Roma, el cual “dice que en los casos de criminales de humanidad, se pueden flexibilizar sus condiciones penitenciarias, pero como son crímenes tan horrorosos contra la humanidad, se deberían cumplir al menos ciertas condiciones. Primero, que las personas hayan colaborado en los procesos judiciales. Segundo, que entreguen información valiosa para resolver los crímenes en los cuales estas personas fueron condenadas”.

En esa línea, explicó que los condenados por este tipo de delitos “todavía tienen información valiosa de las 1.469 personas detenidas y desaparecidas que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país. Podrían romper los pactos de silencio, entregar información para encontrar los paraderos de las personas que le faltan a sus familias”.

Sin embargo, manifestó que “ellos tienen la oportunidad de hacer eso, pero prefieren su pacto de silencio, que el dolor de esas familias, el dolor del país, las personas detenidas y desaparecidas, le duelan al país”.

Añadió que la tercera condición es “que se hayan arrepentido de los crímenes que cometieron, que muestren una reflexión profunda de que lo que se hizo no debería volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. La reflexión de que esto no debería ocurrir”.