La defensa de los afectados busca ampliar las responsabilidades penales hacia el directorio, encabezado por miembros de la familia Ariztía Reyes, acusados de falsear el estado patrimonial de la compañía durante años.
La justicia chilena formalizó esta semana al exgerente general de la papelera Dimar, Jonathan Morán, por el presunto delito de administración desleal en el marco de una investigación por fraude que supera los US$30 millones.
El magistrado Sebastián Zulch Barrios, del 1º Juzgado de Garantía de Santiago, decretó el pasado martes 15 de abril el arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares para el imputado.
La decisión representa el primer avance judicial en un caso que ha escalado rápidamente, luego de que se revelara una red de irregularidades financieras al interior de la empresa, controlada por la familia Ariztía Reyes.
Cabe recordar que la firma se declaró en quiebra tras descubrirse que durante años habría falseado su situación patrimonial, ocultando de forma sistemática sus verdaderas finanzas.
“La medida cautelar contra Jonathan Morán es solo el inicio”, señaló Matías Balmaceda, abogado del estudio Balmaceda, Cox & Piña, quien lidera la estrategia legal junto a Bruzzone & González.
Según el jurista, la investigación apunta a que las irregularidades cometidas por Morán no fueron acciones aisladas.
“Es difícil sostener que actuó sin el conocimiento o consentimiento del directorio de Dimar”, agregó.
El objetivo del equipo jurídico es ampliar las responsabilidades penales hacia los miembros del directorio de Dimar, entre ellos Francisco José Ariztía Reyes, Federico Humberto Silva Pizarro, Aníbal Ariztía Reyes y Juan Eduardo Ariztía Reyes.
Según la querella, el directorio habría intentado centrar toda la responsabilidad en el exgerente general tras estallar el escándalo financiero.
Además, uno de los puntos centrales del caso es la relación fraudulenta entre Dimar y diversos proveedores locales e internacionales, quienes también han comenzado a sumarse a la causa penal tras haber sido presuntamente engañados con estados financieros alterados.
“Uno de los grandes objetivos de la legislación sobre delitos económicos es evitar que los directorios se liberen de la responsabilidad fiduciaria que les corresponde”, puntualizó Balmaceda.
La situación además involucraría un convenio con la Municipalidad de Recoleta desde los tiempos de Daniel Jadue. Revisa los antecedentes exclusivos revelados por CNN Chile.
