Este lunes se dio a conocer que la Fiscalía Metropolitana Oriente extendió una invitación formal al diputado Joaquín Lavín León para que se presente a declarar en calidad de imputado en el marco de la investigación que se lleva en su contra por posibles delitos de corrupción.
Lavín es indagado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, todos ellos en el contexto de su vinculación con su esposa, Cathy Barriga, -acusada de malversación de fondos públicos-, y los negocios relacionados con la gestión pública en Maipú entre 2016 y 2021, luego de que la municipalidad de la comuna presentara una querella contra el parlamentario por estos delitos.
La investigación, liderada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, comenzó en octubre con un allanamiento a la oficina del parlamentario en el Congreso y a su domicilio en Peñaflor.
Durante el operativo, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), se incautaron varios dispositivos electrónicos y documentos clave. La fiscal Encina aclaró en ese momento que, por ahora, solo se le está imputando al diputado Lavín.
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La “invitación” a declarar dirigida a Lavín
Este trámite, que se enmarca en una serie de diligencias que Fiscalía lleva a cabo, se realiza debido al fuero parlamentario que posee. La cita está agendada para abril, pero depende de la reprogramación de la audiencia de formalización de Cathy Barriga, prevista para el 15 de abril.
Además, según consignó La Tercera, la Fiscalía espera un informe contable que podría arrojar nuevas pruebas sobre un presunto fraude superior a los $15 millones, relacionado con la emisión de facturas falsas. Estas facturas, que habrían sido presentadas al Congreso, están vinculadas a un supuesto servicio de panfletería sobre la “Ley Cholito”, servicio que, según la investigación, nunca se prestó.
En este contexto, la Fiscalía podría solicitar el desafuero de Lavín, lo que abriría la puerta a una eventual prisión preventiva.
De hecho, el diputado devolvió recientemente $7 millones al Congreso por concepto de “facturas”, como parte de su estrategia de defensa ante las acusaciones.
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