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Manuel Guerra, fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, aseguró que el informe de Big Data elaborado tras el estallido social fue “sólo humo” y que en ningún momento recibieron de parte del gobierno este análisis.

“Pocos días después de ocurrido los hechos surgió la investigación de intervención extranjera, que fue señalado por el señor presidente; esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron. Recordemos toda la polémica por la Agencia Nacional de Inteligencia, de existencia del ‘Big Data’ de información importante, eso fue sólo humo, nosotros operamos en base a lo que tenemos“, dijo el persecutor jefe a Radio Universo.

El fiscal Guerra ha estado a cargo de gran parte de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones que siguieron al estallido social, así como también de los ataques incendiarios a algunas estaciones de Metro de Santiago.

“Lo que se entregó no tenía ninguna relevancia ni significó un aporte sustancial a las investigaciones que permitiese identificar sujetos como autores. Lo que había eran elucubraciones en función de publicaciones en redes sociales. Eso a nosotros no nos sirve como medios de prueba para sustentar en un tribunal”, agregó el fiscal.

Además, agregó que “hablar de una mega estructura que ese día se echó a andar como quien ha oído de un ejército, poco menos, de personas que se reunió dirigidas, coordinadas y respondiendo a una estructura, eso hasta el día de hoy no está establecido“.

“Lo que hay son elucubraciones, yo diría que hasta pretensiones de a veces de poder encontrar una organización para poder justificar esto“, añadió.

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El polémico informe

Respecto al informe, todo se remonta a los días posteriores a que el presidente Sebastián Piñera asegurara a CNN en Español que manejaban “un estudio de millones y millones de comunicaciones a través de redes sociales” en el que encontraron que “muchas de ellas vienen de fuera de Chile, la inmensa mayoría de ellas son para provocar más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil”.

Luego, se conocería el informe de Big Data en que se sostenía que figuras públicas habían influido en el descontento social. Así, el estilo musical K-pop o cantantes como Mon Laferte e Ismael Serrano fueron parte de una perfilación de quienes llamaban a manifestarse.

Eventualmente sería la subsecretaría del Interior la que descartaría que este informe fue desarrollado a petición del gobierno, sino que había sido entregado a la Agencia Nacional de Inteligencia.

Días después se sabría que fue la empresa española Alto Data Analytics la que realizó el informe, el que fue intermediado hacia la ANI a través de la empresa Quiñenco S.A., matriz de los negocios del Grupo Luksic. Su participación, aseguraron, se habría limitado a “poner en contacto a ese proveedor con autoridades del Estado, para su propia consideración y evaluación”.

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