La acción cuestiona la legalidad del operativo, denuncia vulneración de derechos fundamentales y se suma a un complejo proceso que el Gobierno ha definido como gradual, reservado y de gran magnitud.
El inicio del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, programado para este lunes 12 de enero, enfrenta un nuevo obstáculo judicial.
Un recurso de protección presentado contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. busca frenar el operativo que afectará a cerca de 2.000 familias.
Recurso de protección para evitar desalojo
La acción fue ingresada con carácter urgente el jueves 8 de enero y apunta a lo que la recurrente describe como una amenaza de desalojo inminente, calificada de ilegal y arbitraria.
Según consignó La Tercera, la mujer, que actuó sin patrocinio de abogado y en representación de su familia, asegura haber habitado de manera continua, pública y pacífica por más de tres décadas una de las parcelas incluidas en el plan de evacuación.
En el escrito, sostiene que la autoridad administrativa estaría excediendo sus atribuciones al avanzar en el desalojo sin una resolución judicial que lo respalde.
En ese contexto, recuerda un fallo del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, dictado en 2013, que —según detalla— no logró acreditar ni el dominio del terreno por parte de la inmobiliaria ni la inexistencia de un título que amparara su ocupación.
El recurso también denuncia vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos la integridad psíquica de su grupo familiar, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad sobre la vivienda y la posesión legítima.
Por ello, solicita la suspensión inmediata de cualquier desalojo y del eventual uso de la fuerza pública hasta que exista una sentencia que lo determine.
El desalojo de la megatoma de San Antonio
El conflicto del cerro Centinela se ha transformado en uno de los principales desafíos para el Gobierno en materia habitacional y de orden público.
Tras extensas negociaciones con los propietarios de los terrenos —impulsadas por un fallo de la Corte Suprema— el Ejecutivo resolvió expropiar 100 de las 215 hectáreas del asentamiento, con el objetivo de entregar una solución habitacional a parte de los ocupantes.
Las restantes 115 hectáreas quedaron fuera del proceso y son las que ahora serán despejadas.
La notificación del plan de desalojo fue realizada el pasado 8 de enero mediante carteles instalados en distintos puntos del asentamiento, con un aviso de casi seis días de anticipación.
Desde la autoridad se ha insistido en que se trata de un procedimiento progresivo y por etapas.
Pese a ello, el operativo ha estado marcado por un estricto hermetismo. Lo que se ha confirmado es que el proceso comenzará en el sector 11, para luego avanzar por los sectores 13 y 15, y posteriormente por Bosques del Mar.
Según cifras oficiales, el desalojo involucra entre 2.000 y 2.100 viviendas, aunque el catastro sigue siendo dinámico.
Para evitar nuevas ocupaciones, los propietarios de los terrenos instalarán cercos y maquinaria pesada, y no se descarta la realización de zanjas.
Las autoridades reconocen que, por su magnitud, se trata de una desocupación inédita en la zona.
La primera fase del desalojo está prevista para extenderse entre tres y cuatro días, condicionada por la capacidad del albergue y el avance del operativo.
