La defensa también busca esclarecer si el convenio de colaboración entre Chile y Venezuela, firmado durante la gestión del exsubsecretario del Interior, vulneró el estatus de refugiado de Ojeda y permitió que agentes venezolanos accedieran a información sobre su paradero.
Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, solicitó este miércoles la ampliación de la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano, ocurrido el año pasado en Santiago de Chile.
Ojeda fue secuestrado en febrero de 2024 por individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
Días después, su cuerpo fue hallado en un terreno de Maipú, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la posible participación de agentes de inteligencia extranjeros en la operación.
La acción judicial, dirigida al fiscal Héctor Barros, pide que se indague a fondo las posibles responsabilidades y las filtraciones de información que habrían facilitado el crimen.
Uno de los puntos clave de la solicitud se centra en el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Según el abogado, Monsalve debe ser citado a declarar para explicar el uso de más de US$ 8 millones provenientes de gastos reservados, los cuales, según informaciones de la prensa, habrían sido destinados a la familia de Ojeda, aunque estos últimos han negado haber recibido tal suma.
Manríquez ha exigido también a la Fiscalía que informe sobre el estado de la investigación de esos gastos reservados y, en particular, sobre el millonario monto referido que habrían sido entregados en efectivo a la familia del exmilitar.
En el escrito, el abogado pide detalles sobre el manejo de esos fondos y las razones detrás de su destino, al mismo tiempo que pone en duda la legalidad de la operación, consignó Radio Biobío.
Por último, se solicitó que Monsalve explique si tenía conocimiento previo sobre las actividades de vigilancia realizadas por agentes venezolanos sobre Ojeda y su familia en Chile.
Otra de las líneas de investigación solicitadas por la defensa de la familia Ojeda apunta al convenio de colaboración firmado entre Chile y Venezuela durante la gestión de Monsalve.
Manríquez ha solicitado que se entreguen los antecedentes relacionados con este acuerdo, con el fin de determinar si el mismo violó el estatus de refugiado de Ronald Ojeda y permitió el acceso de agentes venezolanos a información sobre su paradero.
Además, se insiste en la necesidad de identificar a los responsables del secuestro y asesinato de Ojeda.
En particular, se pide que se investigue si el oficial de inteligencia venezolano Alexander Granko Arteaga, señalado como uno de los secuestradores, ingresó ilegalmente al país y si estuvo acompañado por otros agentes del régimen de Nicolás Maduro, como se ha especulado en diversos medios.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
