Los videos que muestran a un hombre siendo víctima de maltrato en el Hospital de Osorno han generado conmoción. Fiscalía y Contraloría iniciaron investigaciones, mientras se abre un debate sobre la falta de protección en los espacios laborales para personas que conviven con la Condición del Espectro Autista (CEA).
La palabra vejación es sinónimo de maltratar, molestar, humillar, pisotear y denigrar, y así lo describió la Dirección del Hospital Base San José de Osorno, que la divulgación de videos e imágenes respecto a un hombre con Condición del Espectro Autista (CEA) guardan relación a una “situación vejatoria que sufrió un exfuncionario del HBSJO”.
El caso de este profesional, sometido a múltiples vulneraciones, ha conmovido a la ciudadanía. Los hechos se remontan a 2018, cuando llegó al recinto hospitalario para realizar un reemplazo en el área de desarrollo de sistemas e informática.
La mirada de las expertas
Magdalena Garcés, académica de la Escuela de Psicología UC, planteó en CNN Chile, que la violencia en el trabajo no es un problema individual ni privado.
“Cuando callamos o relativizamos, nos volvemos cómplices. Cada organización y cada persona que la integra tiene la responsabilidad de proteger la dignidad humana”, enfatizó.
Respecto al caso ocurrido en el Hospital Base San José de Osorno, subrayó que no se trata de un hecho aislado de violencia física, sino de una expresión extrema de dinámicas colectivas de violencia y crueldad en el trabajo.
“Los agresores no actuaron improvisadamente, sino de manera sistemática y compartida, transformando la violencia en un modo de relación grupal”, puntualizó.
El trabajador del recinto sufrió presuntos episodios de violencia a manos de cuatro funcionarios de la unidad de informática, quienes desempeñaban las mismas funciones que él.
En ese sentido, Garcés remarcó que “la víctima, un funcionario con condición del espectro autista, quedó expuesta a una doble vulnerabilidad: el daño físico y el quebrantamiento de su dignidad. Más allá del trauma individual, este caso muestra cómo un espacio destinado al cuidado, como un hospital, puede convertirse en escenario de vejaciones cuando la organización tolera silencios, carece de protocolos efectivos y no fomenta una cultura inclusiva y de respeto”.
Por su parte, Paula Dagnino, investigadora de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián e investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), expresó en CNN Chile que estos acontecimientos “nos confrontan con una realidad dolorosa: la vulnerabilidad de las personas con esta condición en entornos laborales. Este caso no solo es un llamado de atención sobre la violencia, sino también sobre la urgencia de proteger a quienes, por sus particularidades, pueden ser blanco de esta hostilidad”.
En ese sentido, advirtió que es “crucial que las organizaciones identifiquen las señales de alerta de maltrato laboral: cambios de ánimo, aislamiento, ansiedad ante el trabajo o comentarios de sentirse humillado. La inclusión no es un ideal, sino una responsabilidad ética y legal. Proteger a las personas con condición del espectro autista en el ámbito laboral es un indicador fundamental de nuestro avance como sociedad”.
Garcés agregó que es necesario contar con protocolos sólidos de prevención y actuación, que incluyan sanciones firmes a los agresores y apoyo integral a las víctimas. Asimismo, planteó que se requiere una reparación institucional que transforme la cultura organizacional, de modo que hechos como este no se repitan.
El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, recalcó que se deben aplicar las sanciones en base a la Ley de Autismo actualmente vigente.
“Es preocupante que en un servicio de salud tengamos situaciones de tanta violencia dirigidas a una persona en situación de discapacidad. Las autoridades deben tomar las medidas pertinentes y, por cierto, se tiene que cumplir la Ley de Autismo, en tanto se resguarde la integridad de las personas que están en esta condición”, afirmó.
Efectos del caso
El Hospital Base San José de Osorno emitió una declaración oficial sobre el caso de un exfuncionario con condición del espectro autista que sufrió vejaciones al interior del recinto. Según detallaron, los hechos se remontan al período 2018-2020.
En ese entonces, la Dirección que estaba a cargo realizó un primer proceso de sumario, el cual “no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.
Sin embargo, en 2024 la nueva Dirección tomó conocimiento de antecedentes adicionales y decidió reabrir la investigación. Además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por “hechos que revisten eventual carácter de delito”.
El hospital precisó que el proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa de notificación a los funcionarios implicados, con medidas ajustadas a la gravedad de los hechos.
Respecto a los videos e imágenes que circularon en redes sociales, la institución aclaró que corresponden a antecedentes reservados de la investigación y anunció que presentará una denuncia contra quienes resulten responsables de su difusión, por vulnerar la honra y revictimizar a la persona afectada.

Declaración del Hospital San José Osorno.
Por su parte, la Fiscalía Local de Osorno, María Angélica de Miguel, abrió una investigación de oficio.
La fiscal jefa explicó que la medida se tomó “tras la viralización de videos donde se pueden ver hechos constitutivos de delitos”, y que se ordenó a la PDI realizar diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. La víctima, además, fue contactada para recibir contención y apoyo.
En el ámbito político, la diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Discapacidad, informó que ofició a los organismos pertinentes y que, junto con las parlamentarias Catalina del Real y Marcia Raphael, solicitarán una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el caso.
La orden de Contraloría
Durante la tarde de este jueves, la Contraloría General de la República anunció que ordenó someter a control extraordinario de legalidad la resolución del Hospital Base San José de Osorno con la que se ponga término al sumario. El objetivo es verificar que dicho procedimiento “se haya ajustado a derecho”.
Además, el organismo fiscalizador precisó que indagará si existen hechos que pudiesen configurar eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial.