Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, enfrenta el cierre definitivo de su carrera judicial luego de que el Senado aprobara su destitución, sanción que lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante cinco años.
La medida se tomó tras constatar supuestas transgresiones al deber de reserva, abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, así como una intervención indebida en nombramientos dentro del sistema judicial. Todo esto, luego de revelarse presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en Caso Audios.
En paralelo a su destitución, Ulloa deberá devolver los bienes proporcionados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que incluyen la vivienda judicial ubicada en Vitacura, con su respectivo estacionamiento y bodega, así como el automóvil fiscal que utilizaba.
La CAPJ estableció un plazo de 30 días hábiles para la entrega de estos bienes.
Respecto a su antiguo despacho, allegados aseguran que es poco probable que Ulloa regrese a recoger pertenencias, dado que no solía mantener objetos personales en la Corte.
Según consignó La Tercera, el exministro indicó que planea retomar su actividad laboral, aunque fuera del ámbito judicial, y analiza junto a sus abogados posibles acciones legales internacionales contra el Estado, argumentando una presunta vulneración del principio non bis in idem, que protege contra ser sancionado dos veces por los mismos hechos.
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