Fernando Torres Silva, auditor general en retiro del Ejército, condenado a 10 años y un día por homicidio calificado en la cárcel de Punta Peuco, recibió el beneficio de reclusión domiciliaria total.
La decisión fue determinada por el ministro en visita extraordinaria en causas de Derechos Humanos, Alejandro Madrid, debido a que padece un cáncer terminal y su estado de salud es “gravísimo e irreversible”.
Torres Silva se encuentra en el penal desde el 14 de agosto de 2015 por su participación en el asesinato del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos, en 1992 en Uruguay, y debía cumplir la pena hasta el 2025.
De acuerdo al fallo al que accedió CNN Chile, “se accede a lo solicitado por su apoderado y se resuelve que, con respecto al condenado Fernando Torres Silva, se sustituye el saldo de la pena privativa de libertad a la que fue condenado por la de reclusión domiciliaria total bajo los debidos resguardos de Gendarmería“.
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Junto a esto, se expresó que “se puede sostener que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos aceptan la privación de libertad como castigo penal, siempre que se respete la dignidad humana (…) dan cuenta que el condenado padece un cáncer prostático con múltiples consideraciones“.
Si bien el documento ya fue emitido, los querellantes del caso del ex fiscal militar tienen un plazo para presentar una apelación a la resolución del magistrado.
Según reveló en 2020 Interferencia, pese a estar condenado, habría mantenido sus vínculos con su oficina de abogados en Providencia mediante un cercano que visitaba el lugar, manteniéndose en ejercicio desde el recinto penal.
Finalmente, de acuerdo al abogado de Torres Silva, Raúl Meza, se sienta un precedente judicial que permitirá la presentación de otros reos en la condición de enfermos crónicos y terminales para que soliciten el beneficio de la conmutación de la pena efectiva por arresto domiciliario total.
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