“Es gravísimo”: Aceptan querella criminal por cohecho y tráfico de influencias vinculada al proyecto minero Dominga a Greenpeace Chile

Greenpeace Chile presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, en el marco de una serie de antecedentes que la organización considera inexplicables en la historia judicial del proyecto minero Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron. Así lo confirmó Matías Asun, director de Greenpeace Chile, en entrevista con CNN Chile Radio.

La acción legal, presentada por el abogado Mauricio Aza en representación de Greenpeace, apunta a transferencias por 155 millones de pesos realizadas por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver, cuyos titulares están actualmente en prisión por casos graves de corrupción. El vínculo que genera las sospechas es que en ese estudio trabaja la esposa del ministro de la Corte Suprema Jampier Matus, quien en múltiples ocasiones falló a favor de Dominga.

Lo que agrava el cuadro, según Asun, es que el estudio receptor de los pagos no es reconocido por Ferrada y Negme, el estudio que representa formalmente a Andes Iron y cuyos abogados desconocían la existencia de esa relación contractual paralela. “No sabemos qué servicios prestó el estudio de Lagos, Vargas y Silver”, señaló el director de Greenpeace, quien subrayó que la querella no busca acusar a personas específicas sino abrir una investigación judicial que aclare el origen y destino de esos pagos.

Fallos cuestionados y evaluación ambiental forzada

En el plano judicial, Greenpeace cuestiona una secuencia de fallos que, tras los rechazos del proyecto en la evaluación ambiental y en el Comité de Ministros, la Corte Suprema revirtió, ordenando una nueva revisión. Según Asun, esas resoluciones permitieron que Dominga siguiera en tramitación pese a no cumplir con los estándares ambientales. “Son fallos muy convenientes, que buscan aprobar ambientalmente el proyecto por secretaría”, afirmó.

La querella no tiene como objeto cuestionar la condición ambiental del proyecto, sino esclarecer la trama judicial que lo rodea. Sin embargo, Asun fue enfático en señalar que Dominga es un proyecto “completamente obsoleto”: sus estudios de línea base tienen entre 14 y 15 años, sin actualización, mientras el ecosistema de la zona cambió de forma significativa. Entre los impactos que menciona figuran el riesgo para el pingüino de Humboldt, cuyo 80% habita en el área de influencia del proyecto, y las amenazas a las poblaciones de ballenas en una zona donde Chile ya registra el mayor número de colisiones letales de grandes cetáceos.

El proyecto Dominga acumula además antecedentes del llamado caso Penta, que involucra a sus inversionistas principales, el grupo Délano, y señalamientos de instrucciones al entonces subsecretario Pablo Wagner durante el gobierno de Sebastián Piñera, así como controversias en torno a la venta del proyecto.

Para Greenpeace, “es gravísimo que el medioambiente sea moneda de cambio”. La organización espera que la investigación judicial arroje claridad sobre lo ocurrido y que el proyecto, tras 14 años de tramitación y múltiples rechazos técnicos, llegue a su fin definitivo.