La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín- Retamal.
En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación.
La aplicación retroactiva y la crisis política
La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental.
El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron.
La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares.
La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo.
La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019.
Según reportó Emol, la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web.
Lo más leído
- Contraloría detecta que hospital modular comprado en pandemia está almacenado en bodega desde 2021: Perjuicio asciende a $859 millones
- Portazo del Tribunal Constitucional: Declara inadmisible requerimiento de la oposición contra las RUF
- Senapred mantiene alerta por sistema frontal en Región del Biobío: Advierten tormentas eléctricas y posibles trombas marinas
- Cobre se cae con fuerza bajo los US$ 6,5 mientras los inventarios en LME saltan más de 10% en un día
- Previo a Halloween: Sernac fiscaliza malls chinos y llama a comprar solo en el comercio establecido
