El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, ha instruido que se disponga la separación inmediata de sus funciones de los cónsules de Chile en Córdoba y Dublín, Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, respectivamente.
Ambos funcionarios son objeto de investigación en un sumario instruido la semana pasada por este Ministerio.
“Esto, luego de que el Ministerio Público informara que ambos funcionarios serán formalizados próximamente por el supuesto delito de asociación ilícita para el tráfico de inmigrantes indios y nepaleses, situación de la que fueron debidamente notificados por esta Secretaría de Estado”, informaron desde Cancillería a través de un comunicado.
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La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga el presunto tráfico de migrantes por una empresa creada por Sinclair donde tiene un 30% de participación junto a otras dos personas, en la que habría vendido visas para que ciudadanos indios o de Nepal pudiesen venir a estudiar a Chile y a otros países.
Ingresaron 228 personas a Chile, ciudadanos de Nepal y de la India entre 2015 y 2017, y según las informaciones de ellos 160 aún se mantienen en el país.
Se estima que los involucrados podrían haber ganado unos $900 millones por este tráfico de migrantes.
En este contexto se ha dispuesto además la adscripción de los Cónsules Sinclair y Cantuarias, lo que significa su regreso a Chile, por lo que cesarán en los cargos que ejercen actualmente en el exterior. Esta medida no prejuzga los resultados del proceso judicial, ni del sumario administrativo iniciado la semana pasada.
Eventualmente el 11 de enero enfrentarán a la justicia en una audiencia de formalización fijada por el Ministerio Público.
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su total rechazo a cualquier situación o conducta irregular, en especial en el caso de nuestros consulados en el exterior, entre cuyas tareas primordiales está asistir a los ciudadanos chilenos”, informaron a través de una misiva.
Antecedentes otorgados por la Fiscalía
El Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra comentó que “el delito se comete porque en el año 2014 se constituye una entidad de nombre MC Institute por el señor Sinclair quien se desempeñó como director del servicio consular, que facilitaba el intercambio y la venida de inmigranes a Chile que realizarían cursos que les permitirían trabajar en el país”.
“Esta entidad se certificó falsamente, aprovechando el cargo de Sinclair, timbrándolo con timbres de cancillería legalizando su condición y haciendo ver además que tenía autorización para funcionar por parte del Ministerio de Educación lo que también es falso”, detalló el persecutor.
“Para recibir la visa debían pagar entre 6.500 y 8.000 dólares por cada ciudadano extranjero, en su mayoría de la India y en segundo lugar nepaleses”, detalló.
“Cantuarias en ese momento era cónsul en Nueva Delhi y concurrente en Nepal por lo tanto fue quien emitió certificaciones que permitieron obtener la visa a personas que no cumplían con los requisitos”, sostuvo.
A estos inmigrantes se les engañó acreditando la existencia de una entidad educacional que no era tal y que luego en Chile al ver la deficiente calidad de los cursos estos extranjeros comenzaron a reclamar.
“Eso originó que estemos ante una situación que vulnera la legislación chilena y que constituye el delito que se ve agravado por el uso de la condición de empleados públicos de dos funcionarios del servicio exterior“, explicó Guerra.
Más detalles sobre esta información en el video adjunto.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, también se refirió a este hecho declarando que les parece un hecho extremadamente grave. “Por eso la cancillería solicitó un sumario administrativo y los separó de sus funciones para que enfrenten las investigaciones administrativas y de la Justicia”.
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