Este lunes el Gobierno presentó el nuevo Sistema de Vigilancia Móvil, el cual consiste en un grupo de drones que sobrevolarán espacios públicos algunas ciudades de Chile con el objetivo de enfrentar el aumento de la delincuencia, como parte del plan Calle Segura.

Desde diciembre pasado, a modo de marcha blanca, ya están operando seis drones en Antofagasta, los que cuentan con cámaras infrarrojas y de visión nocturna con la capacidad de grabar y transmitir en tiempo real.

Desde estos días también comenzarán a funcionar ocho drones para las comunas de La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, Conchalí y Santiago, además de 154 cámaras, siete portales lectores de patentes y cuatro centrales de monitoreo, las que estarán conectadas con Carabineros, la PDI y la Intendencia Metropolitana, según informa Cooperativa.

Por tres meses funcionará el periodo de marcha blanca, en el que se trabajará con los municipios y se establecerán los lugares donde estarán operando los aparatos.

Este plan fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en un acto en la Plaza de la Constitución: “No nos confundamos: los que verdaderamente atentan contra la libertad de los derechos humanos y en contra la capacidad de las familias chilenas de buscar la felicidad son los delincuentes, y no aquéllos que hacemos todo lo posible para combatir a la delincuencia”.

En declaraciones dadas a La Tercera, la intendenta metropolitana Karla Rubilar destacó que los drones también contarán con softwares de reconocimiento facial y de patentes.

Este plan se extenderá a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Valparaíso durante este año, y para el resto del país en el 2020.

Esta iniciativa despertó algunas inquietudes entre algunos expertos, debido a que podría afectar a la privacidad de las personas, una situación similar a la que ocurrió cuando comenzaron a operar drones de vigilancia en Las Condes hace dos años.

“El tipo de datos que los drones pueden recopilar, de acuerdo a las regulaciones actuales de la ley de datos son sensibles”, comentó a La Tercera Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma institución, quien advierte que con la información recogida por los dispositivos “eventualmente se podrían reconstruir los patrones de vida de personas. Chile está muy al debe. Hay una desregulación absoluta sobre lo que el Estado hace con información sensible”.

Asimismo, la directora ejecutiva y fundadora de la fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, apunta que el software de reconocimiento facial “tiene efectos sobre la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. Se trata de un sistema de vigilancia desproporcionado”.

Al respecto de estas dudas, la intendenta Rubilar asegura que los drones sólo grabarán en espacios públicos y que se desarrollarán “protocolos trabajados con fiscalía, para evitar generar invasión a la privacidad”.

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