Polémica causó la liberación de 23 personas imputadas por narcotráfico en la comuna de Ovalle tras pagar una fianza. Situación ampliamente cuestionada por el mundo político y figuras públicas.
Otros nueve implicados ya habían sido recapturados.
Este miércoles dos de los imputados -Rodrigo Espindola y Estela Henríquez- se entregaron voluntariamente a la justicia y tras tener un control de detención, el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó prisión preventiva en su contra.
Así, 11 se encuentran cumpliendo prisión preventiva en La Serena, mientras que el resto se mantiene prófugo, siendo buscado por PDI.
“La Corte de Apelaciones de La Serena revocó la causal de peligro de fuga por peligro para la seguridad de la sociedad. Por eso el tribunal despachó orden de detención y tienen que ingresar a la cárcel por prisión preventiva”, precisó sobre la resolución la jueza Ethel Rodríguez, según recogió Radio ADN.
Consecuencias del caso en la política
El caso causó impacto en el Congreso, donde parlamentarios del PPD e independientes propusieron regular los honorarios de los defensores que toman casos en los que se ven involucrados este tipo de delitos.
Además, sugirieron asegurar, a través de un proyecto de ley, la legalidad del origen del dinero para costear las fianzas decretadas en causas por narcotráfico.
En tanto, también hicieron un llamado al Gobierno a combatir este tipo de delitos y parar a lo que ellos definieron como “narco abogados”.
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