La fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, precisó que en el caso de los dos exfuncionaros que quedaron la máxima cautelar se debe a que "tenían una calidad de superioridad jerárquica respecto de los otros participantes y de la víctima, lo que da un matiz distinto y fue considerado por el juez".
Durante este viernes, el Juzgado de Garantía de Osorno decretó prisión preventiva para dos de los cuatro exfuncionarios del Hospital Base San José de Osorno, mientras que a los restantes se les impuso arresto domiciliario total.
Tras la audiencia de formalización, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, subrayó la gravedad de los hechos investigados: “Son de los actos más degradantes que hay respecto de una persona, y por eso se ha formalizado por uno de los delitos más graves, que es el delito de tortura”.
La persecutora expresó su conformidad con la medida cautelar más severa aplicada a dos de los imputados, aunque precisó que evaluará apelar respecto de los otros dos, quienes quedaron con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia.
En este último caso, explicó que el tribunal consideró circunstancias particulares: “La misma víctima sustrae al imputado de esta responsabilidad, señala que él no tiene responsabilidad sino que lo protegía. Y, respecto al otro imputado, declaró y colaboró con la investigación, lo que el juez también valoró”.
Sobre la máxima cautelar decretada para los otros dos exfuncionarios, la fiscal indicó: “Los antecedentes y los videos que pudimos observar son bastante elocuentes y muestran una participación activa en los hechos. Además, tenían una calidad de superioridad jerárquica respecto de los otros participantes y de la víctima, lo que da un matiz distinto y fue considerado por el juez”.
El Hospital Base San José de Osorno emitió una declaración en la que detalló que los hechos vejatorios hacia un profesional con Condición del Espectro Autista (CEA) ocurrieron entre 2018 y 2020. En ese momento, se instruyó un sumario que no derivó en sanciones administrativas para los involucrados.
Posteriormente, en 2024, la actual dirección del recinto recibió nuevos antecedentes y resolvió reabrir el sumario, además de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, al estimar que los hechos podían constituir delito.
En relación con esto, la fiscal De Miguel declaró que desconocía si el hospital tuvo acceso a las imágenes antes de que se hicieran públicas: “Sí tenemos una denuncia en 2024, en la que hablan de tratos degradantes respecto a esta misma víctima. Pero jamás acompañaron videos, ni otra evidencia o aporte”.
Finalmente, precisó que los tratos degradantes no se pudieron acreditar en esa instancia, aunque la causa se mantiene vigente y en desarrollo.
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