Dorothy Pérez asume como Contralora General con promesas de modernización de la institución y mayor fiscalización

Este viernes, Dorothy Pérez inició su mandato como nueva Contralora General de la República, tras ser ratificada en el cargo por el Senado esta semana.

Durante los próximos ocho años, Pérez liderará la Contraloría con un enfoque en modernización, fiscalización y mejora en los tiempos de respuesta a la ciudadanía, según lo expuso en su primer discurso oficial. En sus declaraciones, destacó la necesidad de adaptar la Contraloría a las exigencias actuales de transparencia y agilidad en la gestión pública.

Pérez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la institución, delineó los principales ejes que guiarán su administración, enfatizando el fortalecimiento de las funciones de fiscalización, control jurídico, contabilidad y jurisdicción.

Modernización y mayor fiscalización

Sobre el mandato de fiscalización, afirmó que la entidad buscará “desplegarse con mayor fuerza y velocidad a lo largo y ancho del país”, integrando nuevos recursos tecnológicos y herramientas analíticas para dar resultados “más oportunos al país”.

Entre las primeras acciones que implementará Pérez destaca el uso de reportes consolidados de información ciudadana, con los cuales, señaló, se podrá entregar datos sobre el “cumplimiento o incumplimiento de grupos de instituciones públicas en una materia acotada y específica”.

Esta nueva estrategia, según explicó, permitirá realizar un monitoreo más efectivo, utilizando datos masivos y cruzando diversas bases de información del Estado. La contralora recordó el ensayo preliminar de esta metodología, realizado el año pasado, cuando se alertó a más de 200 municipalidades que no habían aprobado planes de emergencia ante catástrofes en sus comunas.

“Vamos a utilizar nuevos instrumentos más versátiles, tecnológicos y expeditos para poder entregar resultados más oportunos al país”, afirmó Pérez. Y agregó que estos cambios están orientados a satisfacer las demandas de una ciudadanía que exige respuestas en plazos más cortos y un mayor control de los recursos públicos.

En cuanto a la función jurídica, Pérez anunció la introducción de una revisión previa de admisibilidad para optimizar la atención de presentaciones, reclamos y consultas jurídicas.

Esta medida, explicó, permitirá priorizar las solicitudes que cumplan con los requisitos formales necesarios, pero subrayó que “jamás nos olvidaremos de las personas que tienen dificultades para expresarse o presentar sus solicitudes” y que se implementarán mecanismos de ayuda concreta para asegurar la atención de todos los ciudadanos.