Un grupo de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual adulto, la facilitación de medios digitales o impresos para su promoción y el uso de inmuebles destinados a estas actividades.
La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad de la bancada RN y apunta a cortar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, en particular del Tren de Aragua.
La propuesta es encabezada por el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, y cuenta con el respaldo de los parlamentarios Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán, según consignó La Tercera.
Según González, el proyecto busca sancionar como delito a quienes exploten económicamente los servicios sexuales de terceros, intervengan en su publicidad o faciliten los inmuebles para estas actividades, y como falta a quienes contraten y paguen por prestaciones sexuales.
Nuevas figuras al Código Penal y modificación a la ley de lavado de activos
El texto incorpora nuevas figuras al Código Penal: la explotación económica del comercio sexual ajeno de personas mayores de edad, aun mediando consentimiento; la administración o facilitación de plataformas digitales, publicaciones o avisos para ofrecer o concertar servicios sexuales; y la provisión de inmuebles destinados a estas actividades.
Además, modifica la Ley N°19.913 para incluir la explotación económica del comercio sexual ajeno dentro del catálogo de delitos base de lavado de activos, permitiendo perseguir también las ganancias generadas.
Fiscal Barros: “Si cierro ese mercado a las organizaciones criminales, no habrá interés en operar en Chile”
La iniciativa surge luego de las advertencias del fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del equipo ECOH, quien señaló que el comercio sexual representa una de las principales vías de ingresos del Tren de Aragua en Chile.
El persecutor sostuvo que regularlo y sancionarlo permitiría cerrarle ese mercado a las organizaciones criminales y reducir su interés en operar en el país.
“Si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile”, sostuvo Barros.
El fiscal agregó que este fenómeno arrastra consigo inmigración ilegal, control de personas por parte de organizaciones criminales y secuestros, entre otras dinámicas delictivas.
El diputado González sintetizó el objetivo apuntando directamente al vínculo entre comercio sexual y crimen organizado: “En Chile se debe sancionar y regular el mercado sexual, porque está siendo utilizado por las bandas criminales como fuente de financiamiento”.
La propuesta deberá iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados, donde la bancada RN buscará concitar respaldo transversal en el marco de la discusión legislativa sobre seguridad pública.
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