El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, junto a sus pares Gabriel Ascencio, Manuel Antonio Matta Aragay, Joana Pérez y Jorge Sabag piden urgencia para el proyecto de ley que establece la obligación de realizar una auditoría externa en las municipalidades y Gobiernos Regionales al inicio de cada administración.
“Responde a una imperiosa necesidad de avanzar en transparencia y combate al manejo de recursos públicos que hemos observado no en uno, sino en varios municipios del país, comenzando por la situación que hoy vive la municipalidad de Vitacura”, señaló el diputado Silber, autor del proyecto.
“Estamos pidiendo urgencia para esta iniciativa de manera que cada vez que termine un periodo de administración en las municipalidades, la auditoria sea inevitable y obligatoria”, dijo el parlamentario.
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El proyecto fue ingresado el 6 de julio de este año y de acuerdo con éste la Ley Orgánica de Municipalidades entrega la facultad al concejo para disponer, por la mayoría de sus miembros, la contratación de una auditoría externa que examine el estado financiero del municipio, al inicio del mandato, así como la evaluación de la ejecución presupuestaria hasta dos veces al año, informaron a través de un comunicado.
Sobre esto, el parlamentario Silber manifestó que “a la historia de los oscuros manejos de dineros pasó sin duda la municipalidad de Viña del Mar, pero hoy vemos como el caso de Vitacura va aumentando en gravedad, siendo los vecinos los principales afectados y obviamente le fisco, sumándose numerosas auditorías que varios alcaldes están pidiendo en el país. Por ello, estimamos que estas revisiones deben estar establecidas por ley”.
El proyecto de ley tiene dos artículos, el primero modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, en el que la contratación de una auditoría externa pasa de una facultad a una obligación y se tendría que realizar por quienes estén inscritos en el registro por al menos un año, ya sea persona natural o jurídica que, para tal efecto, llevara la Contraloría General de la República.
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Y el segundo dicta la misma obligación para los gobiernos regionales a través de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
“No obstante lo anterior, el consejo regional deberá disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe el estado de situación financiera del gobierno regional, cada vez que se inicie un período”, señala el proyecto.
Finalmente, proponen que el alcalde saliente deba acudir obligatoriamente a la ceremonia de cambio de mando.
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