El diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, presentó un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile con el objetivo de esclarecer si existieron eventuales instrucciones para limitar la acción del Programa de Derechos Humanos.
El diputado del Gonzalo Winter, del Frente Amplio, presentó un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de que integrantes de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria acusaran eventuales instrucciones para limitar la acción del Programa de Derechos Humanos.
Las abogadas Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano señalaron, a través de una declaración pública, que el secretario de Estado “instruyó, a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos”.
Según explicó el parlamentario, la solicitud busca esclarecer si existieron presuntas instrucciones para limitar la acción del Programa de Derechos Humanos, cuyo mandato, según su protocolo vigente, es intervenir activamente en causas donde exista riesgo de impunidad.
“Si se confirma que se ha instruido no oponerse a beneficios en este tipo de casos, estamos frente a una señal gravísima. El Estado, independiente del gobierno de turno, tiene el deber de perseguir justicia en crímenes que son imprescriptibles y que afectan directamente a las víctimas y sus familias”, afirmó.
El oficio detalla al menos tres casos en los que el programa no habría ejercido acciones judiciales pese a existir antecedentes que lo ameritaban, incluyendo solicitudes de cumplimiento de pena en libertad o arresto domiciliario por parte de condenados por secuestro, desaparición forzada y homicidio calificado. Entre ellos, se menciona a un agente vinculado a la Operación Colombo.
Además, en el documento se solicita aclarar si los condenados que eventualmente podrían verse beneficiados han presentado solicitudes de indulto particular.
Por su parte, el exministro de Justicia Jaime Gajardo señaló a través de X: “A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar sean juzgados por la justicia y cumplan sus condenas. Por lo mismo, lo que se denuncia en este comunicado es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país”.
Asimismo, remarcó: “Bajo ninguna razón se pueden permitir subterfugios para imponer la impunidad”.
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Nuevos antecedentes
El titular de Justicia, según publicó Radio Bío-Bío, aclaró que “no ha habido una instrucción de este ministro (…) hay que atender el contenido de las sentencias judiciales”.
Sin embargo, el citado medio dio a conocer un correo electrónico interno en el que la directora del Programa de Derechos Humanos expuso: “Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar ni apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”.
Cuestionamientos a la presidenta de la Corte Suprema
Por otro lado, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial manifestó, a través de un escrito público, su rechazo a la reunión sostenida por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con familiares de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.