El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió a las acusaciones de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, que señaló que el secretario de Estado “instruyó, a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos”.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó los cuestionamientos surgidos en torno al Programa de Derechos Humanos.
Según publicó Radio Bío-Bío, el secretario de Estado aclaró: “No ha habido una instrucción de este ministro (…) hay que atender el contenido de las sentencias judiciales”.
Sin embargo, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, integrantes de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, señalaron a través de una declaración pública que el titular de Justicia “instruyó, a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos”.
A juicio de la organización, “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y derl marco jurídico nacional e internacional”.
Asimismo, argumentaron que “la actual administración ha definido un giro en la política de cumplimiento de penas: el cese de la oposición estatal ante requerimientos judiciales de libertad”.
“A diferencia de los indultos directos, esta modalidad de ‘indulto pasivo’ permite que condenados por crímenes de lesa humanidad que argumenten su condición de adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado. Esta omisión de defensa se convierte así en la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva”, añadieron.
Cabe mencionar que el Protocolo de Actuación del Programa de Derechos Humanos, suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2017, establece que el área jurídica debe intervenir en acciones interpuestas por condenados por graves violaciones a los derechos humanos cuando no hayan prestado colaboración con la justicia, se encuentren procesados o condenados en numerosas causas judiciales, cuando la liberación anticipada del condenado genere efectos sobre sus víctimas y familiares o cuando se produzca una sensación de impunidad respecto del cumplimiento de la pena.
Asimismo, el documento agrega que, en caso de dictarse una resolución que rebaje la pena, cambie la modalidad de cumplimiento o afecte a familiares de las víctimas, el Programa deberá apelar e impugnar dichas decisiones conforme al derecho internacional y a los estándares vigentes en la materia.
Finalmente, desde la Red de Observadoras sostuvieron que “estas instrucciones van en dirección opuesta a las afirmaciones y declaraciones oficiales emitidas respecto a la continuidad del Programa de Derechos Humanos y, especialmente, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”.
“De la misma forma, la limitación sustantiva en el ejercicio de las funciones propias del Programa da cuenta del vaciamiento de la función pública legalmente asignada”, concluyeron.
El histórico dirigente de la Democracia Cristiana —exministro, exsenador y expresidente del partido— será el primer invitado del ciclo de entrevistas en profundidad que se estrena el domingo 19 a las 22:00 horas por CNN Chile.
