El caso se originó tras un acto de protesta en las afueras de la Cárcel de Alta Seguridad en enero de 2024, donde el imputado lanzó panfletos con imágenes y mensajes considerados intimidatorios.
César Pizarro Pizarro, un reconocido activista vinculado a causas penitenciarias y excandidato a la Convención Constitucional, fue condenado este jueves 25 de septiembre a 541 días de presidio por amenazar a autoridades del sistema penitenciario, incluido el actual ministro de Justicia, Luis Cordero.
La condena fue dictada en un juicio abreviado y contempla además la suspensión de sus derechos políticos y cargos públicos por el mismo período.
Sin embargo, Pizarro no cumplirá la pena en prisión: la justicia ordenó la remisión condicional del castigo, por lo que deberá permanecer bajo control del Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Si incumple esta medida, podría enfrentar la totalidad de la pena en régimen cerrado, consignó La Tercera.
La investigación, encabezada por el fiscal de Alta Complejidad, Claudio Orellana, se originó tras un inusual incidente ocurrido el 12 de enero de 2024. Ese día, a las 10:49 de la mañana, un hombre en bicicleta se acercó hasta el perímetro de la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago y lanzó panfletos al interior del recinto.
Lo que en un principio pareció una protesta más, rápidamente escaló a una alerta de seguridad.
Los documentos contenían fuertes acusaciones contra el sistema penitenciario, calificando el centro como un “lugar de tortura y exterminio”, pero lo más alarmante fue que también incluían imágenes del rostro del ministro de Justicia, del entonces director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y de la exalcaide del penal Santiago Uno, Fabiola Valladares. Todos aparecían marcados con cruces rojas y acompañados por ilustraciones de armas.
Uno de los mensajes más polémicos decía: “El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, el ministro de Justicia, el director nacional de Gendarmería y su peona alcaide (…) ¡Torturadores!” (sic).
Tras una querella presentada por Gendarmería, el Ministerio Público inició una investigación que, cinco meses más tarde, permitió identificar y detener a César Pizarro como el autor del acto.
El arresto se concretó en junio de 2024, y se le imputaron tres delitos de amenazas: uno contra autoridad pública y dos dirigidos a funcionarios de Gendarmería.
Pizarro, de 44 años, ya contaba con antecedentes por hurto y amenazas. En la audiencia de formalización, quedó con medidas cautelares de firma quincenal, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional.
Desde el Ministerio de Seguridad —cartera encabezada por el propio Cordero— valoraron la condena y la calificaron como “una señal firme frente a quienes buscan intimidar a representantes del Estado”.
César Pizarro es una figura emblemática dentro de los movimientos que denuncian violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Es fundador y director de la ONG 81 Razones por Luchar, integrada por familiares de los 81 reclusos fallecidos en el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010.
Su activismo está motivado, entre otras razones, por la muerte de su propio hermano en esa tragedia.
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