Por seis votos contra cuatro, el TC determinó que el criterio es “discriminatorio y arbitrario”.
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La propuesta inicial contemplaba beneficiar a 200 mil alumnos, pero el fallo del Tribunal Constitucional obligó al Gobierno a replantear el método para iniciar la gratuidad en 2016.
Desde la oposición insisten en que el sistema de becas es una opción para llevar adelante el beneficio. El diputado de RN, José Manuel Edwards, aseguró que “el problema es cuál es la diferencia real entre una beca que paga todo el arancel y gratuidad. No hay diferencia real”.
Por otra parte, el diputado integrante de la comisión de Educación, Giorgio Jackson, indicó que una de las alternativas sea constituida “con las universidades del Estado, todas con acompañamiento, y por otro lado las privadas en una ley corta deberían tener un trato sin distinción Cruch o no Cruch”.
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