Una investigación de la Contraloría detectó pagos irregulares del Ejército a funcionarios activos y en retiro.
Según un informe al que tuvo acceso Bío-Bío, solo entre los años 2015 y 2016 se pagaron en total 180 millones de pesos en recursos fiscales, por trabajos que no se realizaron.
El origen de estas asignaciones tiene que ver con una restitución de fondos a los suboficiales que aportaron dinero al Fondo de Ayuda Mutua, un sistema solidario informal que funcionó en la institución desde 1959 y que fue cerrado en 2006.
De acuerdo a la publicación, en 2008, el entonces director de Personal, Ricardo Toro, instruído por el comandante en jefe Óscar Izurieta, tomó la decisión de efectuar estos pagos para resarcir los dineros de los funcionarios aportantes, siendo declarados como viáticos y contratos de servicios a honorarios.
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