En el marco de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, el abogado defensor, Juan Ignacio Piña, ha hecho un mea culpa en el debate, destacando las complejidades y los desafíos que enfrenta el Gobierno en la actual crisis de seguridad.
La defensa argumentó que las infracciones citadas en la acusación, que acusa a Tohá de no adoptar medidas efectivas contra la delincuencia y el narcotráfico, carecen de fundamentos sólidos.
El abogado señaló que en las páginas donde se presentan los hechos que fundamentan la acusación no se encuentran violaciones específicas a la Constitución ni a las leyes, y que la única imputación se refiere a la falta de respaldo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
“En las 20 páginas de la acusación no se presentan violaciones específicas a la Constitución ni a las leyes”, destacó la defensa.

Juan Ignacio Piña, abogado defensor de la ministra Carolina Tohá / AGENCIA UNO.
La supuesta “falta de respaldo” a Yáñez
Sin embargo, Piña resaltó la supuesta falta de respaldo a Yáñez, un punto que fue desmentido por el propio general en su discurso de despedida.
El abogado citó a Yáñez en su discurso: “Creo también que esta ceremonia cúlmine de mi carrera profesional es el escenario adecuado para hacer público un especial reconocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, en particular al Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, por el permanente apoyo entregado a nuestra gestión directiva. A veces es bueno recordar el estado de cosas. Recibí la institución con el 60% de su parque automotor obsoleto o en desuso. Hoy contamos con vehículos de última generación, muchos de ellos blindados”, citó.
Piña destacó que dicha conducta atribuida a la ministra del Interior fue “desmentida por aquel que se supone fue quien recibió ese desamparo”.
Además, la defensa enfatizó que las acciones de la ministra son parte de un esfuerzo conjunto del Estado, en el que también participan otros actores políticos y el Congreso.
Piña subrayó que las leyes en materia de seguridad son el resultado de una colaboración entre los colegisladores, lo que contrasta con las acusaciones que intentan atribuir la responsabilidad exclusivamente a Tohá.
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