Agencia UNO

La Defensoría de la Niñez desmintió en un comunicado los dichos de Fernando Soto, ex rector del Instituto Nacional, quien acusó a la institución de acudir la justicia ante las medidas disciplinarias internas que se aplicaban a estudiantes relacionados con hechos de violencia.

“Cuando decidíamos una expulsión, la Defensoría de la Niñez recurría a la justicia y nos obligaba a reincorporar a los alumnos, así que nunca podíamos hacer que asumieran su responsabilidad”, dijo el ex rector a Las Últimas Noticias.

En ese contexto, el organismo explicó que “no ha interpuesto ninguna acción judicial que busque evitar una expulsión por ley Aula Segura” respecto de ningún establecimiento educacional del país, y calificaron los dichos de Soto como “falsos”. 

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Independiente de lo anterior, la Defensoría enfatizó en que todo niño, niña y adolescente “tiene derecho a la educación (…) el Estado debe garantizar este derecho en toda circunstancia, incluso a adolescentes infractores de ley que están privados de libertad”. 

“Por lo mismo, la ley Aula Segura contempla que, si un estudiante es sancionado con la expulsión de un establecimiento, debe continuar su proceso educativo inmediatamente en otro recinto”, añadió la institución que lidera Patricia Muñoz.

A su vez, puntualizaron que cualquier directivo de un recinto educacional “tiene el deber de conocer la normativa vigente en el país respecto del derecho a la educación” y manifestaron que “es lamentable” que el ex rector del Instituto Nacional “haya desconocido dichas leyes, difundiendo a conciencia una interpretación parcial y errada de las acciones institucionales de la Defensoría, que solo lleva a la desinformación de la ciudadanía”.

“Es esperable que un medio de comunicación sea capaz de corroborar los antecedentes entregados por sus fuentes, poniéndolos en contexto, sobre todo cuando dichos antecedentes no se tratan solo de una opinión personal”, continuaron.

Por último reiteraron que la Defensoría de la Niñez “ha sido siempre enfática en su postura frente a actos de violencia en el contexto escolar, que muchas veces se configuran como delitos: estos deben ser siempre perseguidos penalmente, con oportunidad, eficacia y eficiencia”.

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