La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, asistió a la comisión especializada del Senado para entregar un detallado informe, que contiene información sobre diversos sucesos que han afectado los derechos de los niños en Chile desde el inicio del estallido social.
Muñoz, explicó los efectos que tienen los gases lacrimógenos en menores y afirmó que se ha ejercido violencia policial en contra de grupos de niños vulnerables o estudiantes de educación media, los cuales han sido víctimas de la represión por parte de Carabineros, y señaló que se ha revelado la “incapacidad que ha tenido el Estado de generar espacios de participación efectiva que permita canalizar las demandas”.
Además, indicó que desde el 18 de octubre se comenzaron acciones coordinadas para promover y conocer los derechos de niños, niñas y adolescentes y que también “se vieron denuncias concretas y específicas de vulneración de derechos humanos”.
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La profesional, declaró que hasta el 28 de noviembre eran 374 los casos en que se solicitó directamente la intervención de la Defensoría de la niñez. De los cuales 223 fueron entre el 1 y el 28 de noviembre, mientras que los 151 restantes se produjeron entre el 18 y 31 de octubre. Esta situación, generó un “aumento de la demanda exponencial” de dicha institución. Todas estas situaciones fueron debidamente informadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El 93% de los casos corresponden a niños chilenos, sin embargo, hay 3 menores colombianos y 1 peruano.
“Hay 11 niños víctimas de lesiones por bala, 56 heridos por perdigón o balín, 6 con trauma ocular, 176 con lesiones físicas, 5 con otro tipo de lesiones relacionadas al maltrato, 50 sin lesiones y 70 sin información”, detalló la defensora de la niñez.
Del total de casos señalados, el 44% son de niños y adolescentes que han sido parte de marchas o manifestaciones, mientras que el resto se dio en situaciones de la cotideaneidad. Un 46% está relacionado a menores vinculados al Sename por protección o por responsabilidad penal adolescente.
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Muñoz, admitió que “se amerita una reforma estructural que tiene que ver con la cultura institucional de Carabineros”.
Sumado a lo anterior, indicó que la defensoría pidió al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) información de 547 menores que se encuentran en situación de calle, la cual se agrega a los antecedentes que están recopilando.
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