El organismo presentó el “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025”, en el cual se relevaron datos sobre los entornos violentos que viven niños, niñas y adolescentes, en diferentes contextos.
La Defensoría de la Niñez presentó este jueves el “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025”, en el cual se alertó sobre cifras preocupantes relacionadas con los entornos violentos que viven niños, niñas y adolescentes (NNA), en diferentes contextos.
El diagnóstico corresponde a la segunda versión realizada por el organismo a través del Observatorio de Derechos e incluye cifras en distintos ámbitos, como violencia institucional, NNA bajo cuidado del Estado, derechos sociales como salud, vivienda y educación, desarrollo y bienestar.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó que “es insoslayable cómo se visualiza la influencia de entornos cada vez más violentos para niños, niñas y adolescentes, y también el aumento de situaciones de discriminación que ellas y ellos mismos identifican como temas relevantes”.
La Defensoría reveló que 57 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años murieron en 2024 debido a lesiones autoinfligidas intencionalmente.
Según se señaló, las tasas más altas se registraron entre 2006 y 2009, y en 2007 se llegó a 4 por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes. Si bien el punto más bajo fue durante 2020 y 2021 (1,4 por cada 100.000), tras ello se retornó a niveles prepandemia, alcanzando 2 casos por cada 100.000, “lo que representa un leve aumento respecto a 2022 (1,8 por cada 100.000)”.
Las muertes por lesiones autoinfligidas afectan mayormente a hombres y adolescente entre 15 y 16 años, y las regiones con mayores tasas son Magallanes y Aysén; en tanto, durante el último año se sumó Atacama.
Junto con ello, se registró un aumento en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, en comparación con 2018, tanto en hombres como en mujeres.
La directora del Centro de Estudios de TECHO advirtió sobre la lentitud en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno y cuestionó que solo un 6% de las viviendas prometidas para este grupo hayan sido entregadas.
