La abogada María Elena Santibáñez destacó que la jueza acogió el argumento del peligro para la seguridad de la investigación, a partir de la conducta posterior del exsubsecretario. Anunció nuevas diligencias tras revelarse uso del celular y contactos con autoridades tras la denuncia.
Tras la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de mantener la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, la abogada querellante María Elena Santibáñez valoró la resolución y destacó que se acogió el argumento de que el imputado representa un peligro para la seguridad de la investigación.
“Estamos todo el equipo tranquilo, satisfechos con la resolución que se ha dado. Invocamos esta segunda necesidad de cautela (…) principalmente por el comportamiento posterior del imputado a estos hechos, cuestión que ha sido resuelta de manera positiva por la magistrada”, señaló Santibáñez desde el Centro de Justicia tras terminada la audiencia.
La jurista detalló que durante la revisión de medidas cautelares —que se extendió por dos jornadas— se expusieron nuevos antecedentes, como el borrado de conversaciones entre Monsalve y la denunciante, el uso de la cámara del celular del imputado en tres oportunidades y supuestos contactos posteriores a la denuncia con autoridades del ámbito político y de comunicaciones.
“Todo esto da cuenta de conductas que lejos de ayudar a la investigación tienden a entorpecerla”, aseguró.
Respecto a la relación entre el exsubsecretario y la presunta víctima, Santibáñez sostuvo que no existía un vínculo más allá del ámbito laboral, y que incluso la defensa de Monsalve reconoció ese punto. “Lo que ha señalado el imputado es que pensaba que había un interés mutuo, pero la propia defensa ha recalcado que no tenían una relación entre ellos”, enfatizó.
La abogada también criticó el impacto que ha tenido el proceso en la denunciante, quien, según dijo, ha debido declarar en nueve oportunidades ante distintas instancias, situación que ha afectado su estado emocional. Por esa razón, solicitó que la audiencia fuese secreta, medida que no fue acogida por el tribunal.
Finalmente, Santibáñez informó que la investigación fue ampliada por 75 días y que solicitará nuevas diligencias, especialmente relacionadas con el uso del teléfono del imputado y los vínculos comunicacionales mencionados en la audiencia. “Quedan pocas diligencias, pero deben realizarse con prontitud para estar en condiciones de ir a juicio oral”, concluyó.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
